Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2024.- En 2023, Article 19 registró 561 agresiones contra la prensa, lo que significa que en México, en promedio, se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.
Esta cifra incluye la desaparición[2] de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, y los asesinatos de 5 periodistas[3] con un posible vínculo a su labor periodística[4]: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua).
Según la documentación de organizaciones internacionales[1] sobre libertad de expresión, fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, con los asesinatos aquí registrados, se seguiría colocando a México como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023.
No obstante, en cuanto al número de casos, las agresiones documentadas por Article 19 presentaron una reducción del 19.40% con respecto al año 2022, el cual se mantiene como el año más violento para la prensa en registros de la organización[2]. Una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando en 2010 se documentaron sólo 162 casos.
EL COMPARATIVO
Como comparativo del quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el correspondiente de Felipe Calderón, 2011, se documentaron 172 agresiones (el año 2023 representaría un cambio porcentual de 226.16% respecto a este[3]). Mientras que en el quinto año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la organización documentó 507 agresiones (cambio porcentual de 31.40% respectivamente). Con ello se da cuenta de que los niveles actuales de violencia, permanecen aún más altos que en los mismos periodos de gobiernos anteriores.
Aún así, esta significativa reducción interanual (2022-2023) conlleva a reflexionar sobre los reportes de violencia de la prensa: ¿hay una continuidad de la violencia pero menos reportes?, ¿o, efectivamente, hay un cambio real en las tendencias? Por un lado, es posible que los cambios gubernamentales en los últimos años, y la creación de más instituciones y mecanismos de protección y atención a víctimas, hayan reducido los reportes de violencia a los actores no estatales. Por otro lado, al igual que el periodo de Felipe Calderón, pudiera ser sólo un año de reducción que después, desafortunadamente, pudiera incrementar en el último año del sexenio.
Como se verá más adelante, algunos estados mantienen una concentración de la violencia, mientras que otros presentaron reducciones. Tales son los casos de Tamaulipas, Michoacán y Chiapas, los cuales pasaron de tener más de 30 casos cada uno, a menos de una decena.
En el estado de Tamaulipas, ARTICLE 19 pasó de documentar 39 casos a sólo 6. Uno de esos casos fue el de Martha Olivia López, directora del medio digital En un 2×3, corresponsal del Canal Catorce del SPR, colaboradora de Astillero Informa y Rompeviento TV. En agosto de este año, la periodista publicó una nota informativa sobre restos humanos encontrados en fosas clandestinas en el ejido La Retama, Tamaulipas, el cual es presuntamente propiedad de Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador del estado. El exfuncionario negó los hechos y la amenazó con acciones legales[4].
Para Martha Olivia, aunque sí ha habido agresiones en Tamaulipas, la reducción de la documentación se debe principalmente a una reestructuración en el estado, y a algunas instituciones a nivel estatal:
“Me parece que la disminución en número de agresiones se da como parte del cambio de administración y que el nuevo gobierno llegó con un bono a su favor. Ahora hay una instancia, la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, donde se atiende las quejas y denuncias de periodistas que han tenido incidentes. Desde el 2018, la anterior administración se comprometió a implementar el Mecanismo estatal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas pero no lo hizo. Tampoco en esta nueva gestión, con 16 meses, lo ha echado a andar, pero al menos hay alguien que recibe quejas y asesora.”
Así, en opinión de la periodista, el caso de Tamaulipas podría representar un ejemplo de fortalecimiento institucional y sus impactos en la violencia contra la prensa.
En contraparte, algunos estados de la República podrían representar más bien zonas de silencio donde la violencia ha desbordado a las autoridades. Para Ángeles Mariscal, periodista de Chiapas Paralelo y colaboradora en varios medios nacionales, este podría ser el caso de Chiapas:
“Lo que está pasando en Chiapas es que estamos viviendo la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, locales y trasnacionales, y una fuerte violencia contra la población que ha quedado atrapada, en medio de esta disputa, sin poder denunciar, sin poder salir, siendo obligada a participar, y obligada a guardar silencio.
Se crearon zonas de silencio donde ya no es posible la cobertura en campo, lo que en sí mismo ya es una de las peores violencias contra la libertad de expresión e información, situación que deja desamparada a miles y miles de personas.
Aún en esas condiciones la mayoría de periodistas –no todos y todas– hemos seguido trabajando, pero sentimos sobre nuestras espaldas la presión de estos grupos y sus vínculos. Lo que vivimos en Chiapas es una de las peores violencias que al menos yo he vivido a lo largo de más de 20 años de trayectoria periodística. Esto quizá no se pueda poner en cifras, quizá habría que tener otros parámetros de medición de la violencia, pero es indudable que estas condiciones hacen que en Chiapas vivamos uno de los peores momentos en materia de libertad de información y expresión.”
De esta forma, Chiapas es una muestra de cómo, después del año más letal y más violento contra la prensa, las circunstancias de violencia perpetúan el miedo. Periodistas, por protocolos de autoprotección, siguen cubriendo pero sin reportar la violencia que sufren por temor a represalias.
Así, ante la posibilidad de un subregistro de agresiones en algunos estados, el año 2023 se presenta como una incógnita de lo que viene, si será cambio o continuidad de la violencia sólo podrá analizarse considerando de manera más amplia las tendencias a lo largo del sexenio. El año 2024, en medio de un proceso electoral, será clave para el estado de libertad de expresión y de acceso a la información en el país.
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