Diego Enrique Osorno*
Quizá el factor más grave de la crisis de violencia que sufre Chiapas es el desgajamiento de su tejido social. Pueblos, comunidades y organizaciones padecen en su interior de un aumento de la zozobra y la desconfianza, agudizado por programas sociales que provocan tensiones y conflictos constantes al ser operados por grupos corporativistas locales.
Algunos de estos entes, ahora incluso fuertemente armados, han sido fomentados por distintos niveles de gobierno para implementar estrategias de control poblacional, dándoles otros beneficios legales o ilegales, además de los subsidios gubernamentales, como concesiones mineras o de autotransporte y permisos de facto para traficar armas, personas y drogas, como ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
“En medio de todo este escenario es lamentable que los gobiernos, tanto federal como estatal, estén con una actitud negacionista de la violencia en Chiapas”, cuestiona Carlos Ogaz. Dicho negacionismo, explica el defensor del Frayba, implica que la sociedad carezca de “herramientas efectivas para generar rutas de atención hacia una paz duradera en los territorios”.
Más allá del siniestro desdén oficial, Ogaz es enfático con la propia sociedad chiapaneca: “No nos va a llevar a ningún lado negar la violencia ni minimizar las cosas. Es muy importante abonar al tejido social, a la reconstrucción del tejido de los sentidos comunitarios de los pueblos lastimados por la violencia. La militarización y los programas sociales no van a llevar a una solución duradera, eso está comprobado”.
En la experiencia del Frayba, la militarización suele implicar dos cosas: la primera es una profundización de las violaciones graves a los derechos humanos y la segunda es que abre la puerta a la infiltración de los territorios por parte de la delincuencia organizada.
Aunado a ello, los programas sociales, al ser implementados por intereses externos a las comunidades, causan mayor conflictividad. “Es importante implementar una ruta de atención acorde a los pueblos con equipos técnicos que emerjan de ellos mismos. Hay que abonar a la reconciliación de los pueblos, impulsar el diálogo, pero lo que urge es la desarticulación de los grupos armados que están actuando, porque mientras esta violencia sea constante, el acceso a la paz, a la seguridad y a una vida libre de violencia se aleja”.
*Escritor y periodista.
@DiegoEOsorno.
