Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 12 de agosto de 2024.- “Tú estabas de presidente municipal! ¡Y no digas que no sabes nada! ¡Por qué lo hiciste! ¡Por qué lo hiciste!”.
El actual funcionario del Gobierno del Estado de Oaxaca no atinaba a responder. Evasivo y y tratando de defenderse, Alejandro López Jarquín recibió los reclamos de los desplazados hace cinco años de parajes de Santa Cruz Xoxocotlán, en su periodo como edil.
-¿Me dejas hablar? Porque están los medios y necesitamos que se sepa la verdad.
-¡La verdad es esa, estuviste como presidente municipal y no hiciste nada!
Infructuosos los esfuerzos del dos veces edil del municipio conurbado.
Fue el 19 de noviembre de 2019 en que grupos armados incursionaron en los parajes “Lomas del Quío”, “El Coquito” y “Los Mángales”, para desalojar a los habitantes que, aseguran, habían comprado sus lotes.
¡Habla, habla, pero habla verdad, no falso! -le recriminaban vez tras vez.
López Jarquín intentaba explicar. Intentaba excusarse de que no era su facultad debido a que se trataba de un conflicto agrario, pese a que hubo intervención de grupos armados que incendiaron casas, agredieron a la gente y mataron a una persona.
Luego hurgó por otra vía: estábamos solos, pedimos la presencia de la Policía Estatal pero nunca llegó; la Policía Municipal sí logró ingresar, se justificó el actual director del Instituto Oaxaqueño de Infraestructura Física Educativa.
-Yo no soy autoridad agraria ni soy autoridad comunal…
-Tú eras presidente municipal.
-Escucha. Aprende a escuchar, aprende a escuchar, aprende a escuchar -los revires del funcionario estatal.
-¡Por qué no hicieron frente a los que nos desalojaron!
-Aprende a escuchar.
-¡Te estoy escuchando!
La situación estaba por llegar a los empujones y terminó en reclamos, para no llegar a ningún acuerdo. El funcionario estatal optó por retirarse, arropado por su guardia de seguridad.
Los inconformes viven actualmente en pésimas condiciones en un albergue ubicado en el municipio de Santa Cruz Amilpas; desde hace cinco años han exigido a las autoridades estatales y municipales garantizar su retorno a sus viviendas, pero hasta ahora no han tenido el respaldo para ello.
