Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 8 de septiembre de 2024.- “En el proceso judicial debería estar garantizada una justicia libre de prejuicios, estereotipos y discriminación, así como el acceso y goce de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en la legislación internacional suscrita por nuestro país, pero la realidad es totalmente opuesta”.
Así se pronunció el senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, al reiterar su respaldo a la reforma al Poder Judicial de la Federación y a unas horas de que se discuta la minuta enviada por la Cámara de Diputados federal.
Expuso que en el sistema penitenciario nacional, más de ocho mil personas pertenecientes a pueblos originarios están privadas de su libertad y al 85 por ciento de esta población se le negó el acompañamiento de un intérprete para su asistencia legal.
El legislador istmeño acusó a juzgadoras y juzgadores por incumplir con la debida aplicación de la perspectiva de interculturalidad en los procesos judiciales, la cual es obligatoria de acuerdo con el Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Recriminó a la Ministra Norma Piña por participar en manifestaciones contra la reforma judicial, pero nunca haberse pronunciado por revisar el juicio de miles de mujeres y hombres indígenas encarcelados injustamente y que están a la espera de una sentencia.
“Es una infamia que defiendan un Poder Judicial que castiga a los más pobres entre los pobres y brinda impunidad a quien puede pagarla; un sistema de justicia que castiga no hablar español carece de legitimidad y legalidad”.
Morales Toledo comentó que propondrá que el acceso a la justicia para las personas indígenas sea incorporado al debate de la iniciativa de reforma del Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El senador manifestó que la reforma judicial debe resultar en la conformación de un sistema de justicia intercultural, con jueces, magistrados y ministros que apliquen el principio pro persona para garantizar el pleno reconocimiento de la diferencia política, jurídica y cultural de personas, pueblos y comunidades indígenas.
