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Opinión. Santa Lucía: impunidad y brutalidad policial

por Agencia Zona Roja

Isidoro Yescas*

La ejecución extrajudicial del joven Diego Paz por policías del municipio de Santa Lucía del Camino es, por desgracia, un caso más  de abuso y brutalidad policial  en una entidad en donde, a fuerza de volverse recurrente, la violencia se normaliza al igual que la impunidad propiciada por la omisión, complicidad o negligencia de autoridades estatales y municipales.

Entre enero del 2023 y marzo del 2024 solamente en cinco municipios de los Valles Centrales se presentaron ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) 168 quejas  en contra  de policías municipales   y 104 en contra de policías estatales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

De acuerdo a una nota publicada por el portal Primera Línea, el municipio de Santa Lucía del Camino registró, entre 2023 y marzo del 2024, 51 quejas, seguido del municipio de Oaxaca de Juárez con 44, Santa Cruz Xoxocotlán 31, Santa Cruz Amilpas 29 y San Jacinto Amilpas 13. ( nota de Juan Carlos Zavala en Primera Plana, septiembre 4, 2024).

Las quejas, se entiende, tienen relación con abusos de autoridad vinculadas a violaciones a derechos humanos cometidos en contra de hombres y mujeres de estos y otros municipios en donde con frecuencia se instalan retenes policiacos, ya para revisiones vehiculares o para  operar los alcoholímetros que, como hoy las propias autoridades del gobierno del estado lo reconocen, en el caso de los alcoholímetros han derivado en fuentes de extorsión y todo tipo de abusos. 

Es un punto a favor del Gobierno del Estado que públicamente  el gobernador Salomón Jara reconozca que en el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino opere  uno de los cuerpos policíacos mas abusivos y corruptos de la entidad, pero lo lamentable es que lo haga hasta ahora, en la coyuntura de la indignación social provocada por  la brutal ejecución del estudiante Diego Paz, caso que se suma a la larga lista de atropellos policíacos  cometidos en los últimos cuatro trienios en este municipio conurbado en donde, como ya es del dominio público, proliferan los giros negros y, generalmente asociados a estos negocios,  también el narcomenudeo y  otros delitos del fuero común y federal. 

En primera lectura, suena bien el anuncio oficial de que tanto en Santa Lucía como en otros cuatro municipios de los Valles Centrales (los mismos que cuentan con más quejas por abusos policiacos  ante la DDHPO) la operación de los puestos de alcoholímetros ya no estarán a cargo de las policías municipales sino de la policía estatal. No obstante,  sin un cambio en su modus operandi (revisión en las normas y criterios de  aplicación , si acaso las tuvieren, y un riguroso control sobre el perfil y capacitación de los y las policías a cargo de estos operativos, etc.) el relevo de mandos podría derivar en una simple disposición administrativa para que ahora los ingresos por concepto de multas  y “mochadas” pasen a otras manos. 

Por lo mismo, hace falta que mas allá del control de daños políticos que se ha instrumentado desde el Palacio Primaveral , se transite a acciones orientadas a impartir  justicia y aplicar la ley. No resulta suficiente, entonces, la detención de los autores materiales de la ejecución del joven estudiante de la Universidad Anáhuac ni la renuncia del Director de Seguridad Pública, Marco Fredy Hernández,  pues  como parte de la cadena de mando el exjefe policiaco así como el presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, también deberían ser investigados.

Sin embargo, eso difícilmente ocurrirá y de allí que el exhorto de la Legislatura local para que García Márquez pida licencia en el cargo por 30 días, lo más probable es que no sea atendido y mucho menos la revocación de mandato, como lo han demandado algunos legisladores de Morena y del PT que están fuera de la órbita de control de la nomenklatura primaveral.

Hay demasiados intereses políticos y económicos en juego en este rico municipio que el 2 de junio volvió a pintarse de guinda como para llevar a la piedra de los sacrificios a quien apenas debe iniciar su segundo período. 

*Maestro en Sociología.

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