Néstor Y. Sánchez Islas.
La muerte de un joven a manos de la policía de Santa Lucía del Camino cimbró a Oaxaca. Nadie quedó indiferente ante la tragedia, la polarización apareció de inmediato entre quienes justifican a los policías y quienes defienden la memoria del estudiante.
Hay hechos incontrovertibles. Un joven muerto y dos policías heridos, pero ahora, ante la muerte, no son las ocurrencias las que deberían ocuparnos, sino la oportunidad de reflexionar:
¿Para qué sirven los operativos alcoholímetro? En primera instancia deberían servir para salvar vidas, pero no. La realidad es que son fuente de ingresos para los funcionarios municipales, las mafias de las grúas y los bolsillos de algunos uniformados corruptos. ¿Vale la pena morir o matar por eso?
Un operativo pensando en el bienestar social debería bajar al conductor y ponerlo en un taxi si no ha cometido faltas y, su vehículo dejar que algún amigo o familiar lo lleve a su casa.
Pero no, se trata de extorsionar; imagino el terror del joven al ser detenido no por una policía cualquiera, sino precisamente por la abusiva y brutal policía de Santa Lucía del Camino.
¿Para que sirven los diputados? Deberían legislar para regular la actuación de las policías municipales que, en Oaxaca, son la principal fuente de abusos a los Derechos Humanos.
Hubo hace unos meses una racha de muertes en celdas municipales a manos de diferentes corporaciones que ya quedaron en el olvido y, probablemente, en la impunidad.
La mal llamada autonomía municipal aderezada por el mal uso de los “usos y costumbres” son la principal fuente de violación a derechos, pero los diputados prefieren llevar flores a su mesías que atender estos problemas que, en este caso extremo, provocaron un asesinato.
¿Para qué sirve el Ejecutivo? Para tratar de tapar el pozo una vez que el niño se ahogó, para politizar la situación o proteger con impunidad a sus amigos y simpatizantes.
Tuvo que morir un joven para que abrieran los ojos a los miles de quejas sobre los abusos policiacos porque, dado el buen negocio que esos operativos resultan, es mejor hacerse de la vista gorda y dar tiempo para que el asunto quede en el olvido.
Las policías municipales de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca son abusivas, violadoras de derechos humanos y, en muchos casos, corruptas: Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Amilpas, Huayápam y, la reina de todas, la de Santa Lucía del Camino que va a la par de la policía vial estatal. Debería legislarse un mando único como una solución.
La polarización se agudizó en las redes cuando se supo que los padres del joven son miembros de la Sección 22, una mafia sindical acostumbrada a actuar en grupo, utilizando la violencia, la prepotencia y obteniendo impunidad en todos los casos, aún para aquellos afiliados que han formado de parte de bandas de secuestradores y que por presiones políticas han sido liberados, como lo fueron los maestros secuestradores de los niños Candiani.
La tragedia que viven las familias de las víctimas debe llevarnos a una reflexión, individual y colectiva. ¿Qué llevó al joven a atropellar a los policías y qué llevó a uno de ellos a jalar el gatillo? Lo que pudo haber sido una falta administrativa se convirtió en un crimen, por eso es importante hacerlo.
El tejido social está roto y nos hemos vuelto anárquicos y violentos. No respetamos a la autoridad, y mucho menos a la policía. Nuestra percepción es que el Estado mexicano perdió toda legitimidad para el uso de la fuerza a partir de la matanza de Tlatelolco de 1968, y esto ha sido aprovechado por grupos de izquierda para hacernos creer en su superioridad moral, manipulando la situación siempre a su favor.
Vivimos un ambiente de violencia cotidiana en todas las realidades, la virtual y la real. El narco, en todas sus advocaciones ya sea como político, empresario o artistallena el vacío dejado por la ausencia de valores; valores que la izquierda combatió por considerarlos burgueses.
Videojuegos, series de Tv y películas de violencia extrema, de jóvenes audaces y temerarios que siempre se salen con la suya o de policías o soldados colmados de súper poderes y armamento pesado.
El ambiente deformado y de valores torcidos cobran vidas y es necesario volver a vivir dentro de un marco de obligaciones, derechos y responsabilidades que aceptemos de manera voluntaria.
Tenemos que lograr que la policía deje de usar la fuerza letal incumpliendo la ley, y que quienes la infringen rindan cuentas, sobre todo los funcionarios.
¿Quién jaló el gatillo? ¿Fue solo el policía, el presidente municipal que autoriza los operativos, funcionarios estatales corruptos o las circunstancias de esa demarcación famosa por la cantidad de antros, de droga que circula y de la presencia del crimen organizado?
¿Por qué la Fiscalía no ha mostrado los videos? Debe haber una investigación seria, desde la conducta del joven hasta la cadena de mando de la brutalidad policiaca.
