Diego Enrique Osorno*
“Por fin se pone orden”, sentenciaban las ocho columnas del Diario de Guerrero. El sumario de la noticia del 27 de septiembre de 2014 exponía con tétrica claridad un estigma criminalizante sembrado con esmero institucional y delataba una participación castrense que hay quienes 10 años después insisten en negar: “La acción de la Fuerza Estatal y Militares (sic) para evitar que vándalos de Ayotzinapa robaran autobuses fue motivo de aplauso público”.
Una semana después de aquella noche infausta, más de 20 cuerpos enterrados de forma clandestina eran descubiertos en fosas comunes de los alrededores de Iguala por familiares, activistas y peritos buscando a 43 jóvenes de entre 16 y 20 años de edad. Buscar, desde entonces, se volvió el verbo de la tragedia mexicana contemporánea.
La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa estuvo enmarcada por un clima de odio generado en contra de una escuela que desde el gobierno de Ernesto Zedillo hasta el de Enrique Peña Nieto se había intentado desaparecer. ¿Por qué tanta saña?, ¿acaso porque sus alumnos eran jóvenes de origen humilde, interesados en los problemas políticos de su entorno?, ¿ese era el costo de ser estudiantes informados, idealistas y consecuentes?
“Ayotzinapa es una escuela de luchadores sociales”, me dijo en tono despectivo un legislador que apoyaba la “reforma educativa” que en 2013 —un año antes de la trágica noche de Iguala— buscaba desaparecer a Ayotzinapa y a todas las escuelas normales rurales.
Sí, Ayotzinapa es una escuela de luchadores sociales, y los regímenes autoritarios no saben encarar de manera democrática a quienes desde una trinchera independiente buscan la verdad y la justicia sepultadas… Por eso buscar es ahora también un verbo de la resistencia mexicana.
Desde hace 10 años sabemos con certeza que estos jóvenes pobres y de izquierda, en su mayoría hijos de campesinos, fueron detenidos por un grupo de policías en una ciudad donde operaba el mentado esquema oficial del Mando Único, bajo el cual Ejército, policía federal, estatal y municipal actuaban de manera coordinada.
Y sabemos, sobre todo, que las causas y los responsables de la desaparición están en el Estado, donde se ha alentado y permitido que en Guerrero y otras entidades opere el Ejército extralegalmente contra luchadores sociales, apoyado por cuerpos policiales asociados al narco y erigidos en auténticas fuerzas criminales que aún hoy “imponen orden”.
*Escritor y periodista.
@DiegoEOsorno
