Isidoro Yescas*
Ya transcurrió más de una semana desde que familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron ante las autoridades locales y federales la desaparición forzada de la abogada mixe Sandra Domínguez Martínez y de su esposo, Alexander Hernández Hernández.
Y mientras más tiempo transcurra sin tener noticias del paradero de ambos se incrementa el riesgo de un desenlace fatal del caso, si se toma en cuenta la trayectoria de Domínguez Martínez en favor de las causas de mujeres violentadas y las molestias y reacciones encontradas que provocaran sus denuncias públicas, y la propia pasividad mostrada inicialmente por las autoridades locales para instrumentar los protocolos establecidos en la ley para su localización.
No es gratuito que entre una amplio sector de organismos defensores de derechos humanos a nivel estatal, nacional e internacional exista una profunda preocupación sobre la suerte que pudiera correr Sandra Domínguez y su esposo habida cuenta del alto número de desapariciones registradas a nivel nacional (más de 50 mil, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas) y el bajo número de localizados.
Solamente en Oaxaca, y de acuerdo a la Red Lupa, en lo que va del sexenio del morenista Salomón Jara la cifra de desaparecidos(as)pasó de 418 en el 2022 a 730 personas para este año.
Que si fue el crimen organizado o cualquier otro grupo delincuencial, lo cierto es que en nada ha contribuido a generar confianza y credibilidad en las autoridades locales la postura que inicialmente asumiera el gobierno del estado al no atender el reclamo de una búsqueda inmediata de Sandra Domínguez y su esposo y, todavía, insistir en la inocencia del señor Donato Vargas Jiménez, caciquillo mixe, militante de Morena y hoy flamante coordinador de Delegados de la Paz en la entidad, respecto a las acusaciones sobre acoso sexual digital y violencia de género que desde el 2020 hiciera sobre su persona la activista ahora desaparecida y una decena de organizaciones feministas.
Tan impune permaneció Vargas Jiménez desde esa fecha, que no solamente se le designó en el 2022 como responsable de coordinar a los modernos jefes políticos del gobierno jarista sino que, ya en el contexto de la desaparición de la abogada mixe, cuatroaños después, y con todo el peso del Poder Ejecutivo por delante, Donato “rompió” su largo silencio para desde una mañanera del Palacio Primaveral dar su versión de los hechos en donde estuvo involucrado, pero en términos tan lamentables que redujo todos los señalamientos en su contra a un asunto de mera “grilla política”.
Que ahora el caso ya hubiese ameritado la intervención del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, o que públicamente ya se demande la intervención de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es un claro síntoma que en el ámbito estrictamente local los trabajos de búsqueda no avanzan a la velocidad que las circunstancias lo exigen.
Solo como antecedente, habría que mencionar que durante el sexenio del exgobernador priísta Alejandro Murat ( hoy, simplemente el camarada Alejandro) otro caso que puso en entredicho la vigencia del estado de Derecho en el estado de Oaxaca fue la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu (2021) que hasta la fecha permanece como localizada.
Lo que menos se espera ahora es que esta historia de impunidad y olvido se repita con Sandra Domínguez Martínez y Alex Hernández Hernández.
*Maestro en sociologia.
X: @YescasIsidoro
