Sara Lovera/SemMéxico
Ciudad de México.- ¿Sabe usted quién es el fiscal general de Oaxaca? Se llama Rubén Vasconcelos Méndez, un representante de la ley incapaz de hacer su trabajo. Es el responsable de la impunidad en una de las entidades del país donde se multiplican los asesinatos a mujeres.
Pienso que vive ahí donde el cinismo y los intereses creados han dejado en la impunidad cientos de crímenes. Sé que este fiscal goza de la complicidad de las autoridades y desde un sitio confort ve cómo se yergue la serpiente de la injusticia.
Es el ejecutor de la impunidad que se define como la cualidad de impune, es decir, la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. La palabra proviene del latín impunitas que quiere decir, literalmente, “sin castigo”.
Este es el signo más atroz de una sociedad patriarcal en la que no hay una sola rendija para hacer justicia a las mujeres. Y donde esa sociedad se muestra inerte de cara a la fuerza autoritaria que permite a individuos como Vasconcelos Méndez burlarse de la ley.
Este 2 de enero se cumplieron un año 7 meses del ataque armado en el que fue asesinada la foto periodista María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto con Pamela Terán, regidora con licencia y aspirante a síndica por PRI-PVEM-PNA, y su chofer Adelfo Jiménez Guerra, ocurridos en junio de 2018.
Un artero triple crimen que destapó la corruptela electoral -sin castigo- y la violencia política contra las mujeres.
Un año siete meses después, el crimen no se ha investigado realmente y ese mismo fiscal es negligente, dejó diluir evidencias o fue sobornado por otras autoridades.
Tras este señor se ha generado una situación de indefensión y desconfianza. Se diría que ejemplifica con nitidez un viciado aparato de justicia y una cadena de impunidades.
La foto periodista María del Sol Cruz Jarquín fue enviada –contra su voluntad- por el entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Montero López para “apoyar” la campaña política de su hermano y en ese momento candidato a la presidencia municipal, Hageo Montero López. Tras los hechos, el secretario de Asuntos Indígenas renunció a su cargo, pero no ha sido investigado ni castigado por las autoridades electorales, la fiscal especializada –así le dicen- Araceli Pinelo López, lo que hizo fue “guardar” el expediente donde sigue desde agosto de 2018, cuando supuestamente a decir de ella misma estaba listo para que se iniciara el proceso judicial. Se trata nuevamente de impunidad.
El Presidente de la República hace más de un año prometió terminar con la corrupción, pero parece que en su concepto de corrupción no forma parte la impunidad que ha dejado a miles de víctimas “indirectas” sin esperanza de justicia y llenas de indignación, que reclaman sus derechos.
El proceso de Juchitán técnicamente fue iniciado inmediatamente, hasta hoy sin resultados. Las voces para que se investigue a lo largo de este año siete meses no han disminuido. La madre de Ma. Del Sol Cruz Jarquín, la periodista Soledad Jarquín Edgar ha acudido a todas las instancias, abogadas y personas independientes han documentado -porque el Fiscal no lo hace- hechos y circunstancias que podrían dar con los criminales directos e intelectuales. Pero nada ha sucedido.
Sí, se llama impunidad, ese crimen que no importa al régimen, impunidad multiplicada en todo el país. Insoportable y precisa, que lacera a las personas y da al traste con la democracia, como la vive toda la familia Jarquín Edgar, las amigas de la periodista, las y los colegas que han dado difusión al crimen y al proceso que no camina o no existe, que parece confundido en la maraña inmensa que hace imposible resolver el feminicidio en México.
Y la impunidad, además de ser una circunstancia de no recibir castigo un delito o un delincuente es la condición que permite que sean cometidos otros delitos sin que las personas responsables paguen las consecuencias.
Contradictoriamente el discurso que se quiere imponer en México es el del perdón y el olvido, frente al reclamo, la denuncia, la manifestación de inconformidad. Así el presidente de la República llama a las y los mexicanos a “serenarse”, o sea sosegarse, a calmarse, apaciguarse, a pacificarse, a templarse, a silenciarse, a despreocuparse y otros 25 sinónimos en nuestra lengua. De todos ellos me preocupa el llamado a amainar la indignación o el reclamo, porque según otro sinónimo de serenarse hay que enfriarse y componer el semblante, acallar y suavizarse frente a lo que sucede, como en Oaxaca donde se desarrolla el crimen y el abuso cotidianos contra las mujeres y no pasa nada.
Como la evidencia más reciente es que con un pago menor a cuatro mil pesos, como garantía por el crimen contra María Elena Ríos Ortiz, el juez federal Cuarto de Distrito admitió juicio de amparo promovido por el presunto autor intelectual del ataque, Juan Antonio Vera Carrizal, concediendo así la suspensión provisional en la eventual captura.
María Elena Ríos Ortiz,saxofonista, fue intencionalmente rociada con ácido sulfúrico dentro de su vivienda, en septiembre del año pasado, y resulta que el principal sospechoso intelectual de este acto, podrá evitar su captura. La hermana de María Elena escribió: “Me parece aberrante ante la gravedad del acto cometido por Vera Carrizal, que tenía la intención de arrebatarle la vida a María Elena”.
Según la información disponible el amparo fue promovido el 27 de diciembre pasado, tras la vinculación a proceso de dos probables implicados –Ponciano y Rubicel H., padre e hijo– presuntos autores materiales del intento de feminicidio al lanzar el corrosivo a la joven.
En esa fecha, este hombre, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez se atrevió a decir que los señalamientos hacia Vera Carrizal, ex diputado local, y todas las personas que estuvieron involucrados con la víctima “también será investigados”, qué quiere decir eso, el pacto entre hombres, porque el señor Vera Carrizal es un empresario gasolinero; como “importantes” son los hermanos Montero López, en el crimen de Juchitán y se sabe de otros intereses económicos de la zona que rodean el ataque armado. Por lo visto el fiscal actúa con negligencia interesada, no es solamente un burócrata limitado, sino un interesado hombre del poder o de los poderes en Oaxaca.
EL CONTEXTO
En México ninguna Ley garantiza la protección a la vida y la integridad de las mujeres. Al aumento de la violencia feminicida a lo largo del país, así como la falta de garantías institucionales para su prevención, atención, sanción y erradicación, topan con lo que la columnista Martha Canseco me decía esta mañana, con la piedra angular que impide hacer justicia a las mujeres: el patriarcado.
Hace unos días recordé que el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, ofreció “entrarle” al esclarecimiento del asesinato de Ma. del Sol Cruz Jarquín, lo dijo antes de ser oficialmente nombrado. Sin embargo, nunca recibió a la periodista Soledad Jarquín Edgar ni a las abogadas que coadyuvan en la investigación.
Y en este régimen la impunidad subsiste como una mancha gigantesca de un reguero de petróleo, ya que, no obstante, un acuerdo de la Cámara de Diputados para que la Fiscalía General de la República atrajera el caso de Juchitán, ello con mil subterfugios fue negado. ¿Qué no es suficiente suponer, como línea de investigación, que hay fuertes intereses energéticos en Juchitán, qué no es ese un asunto federal y del crimen organizado?
Pero en México donde se han diseñado y creado una serie de políticas públicas e instituciones para hacer frente a las violencias contra las mujeres y garantizar justicia a las víctimas, podemos evidenciar que muchas de estas políticas han fracasado al no prestar atención a los elementos estructurales del sistema de procuración e impartición de justicia que no permiten resolver los casos de una manera efectiva.
Para combatir la impunidad en los casos de violencia de género es importante analizar las instituciones creadas para hacer justicia en estos casos, como las fiscalías especializadas y los Centros de Justicia para las Mujeres, así como evaluar qué tanto han funcionado algunas medidas como la capacitación para juzgar con perspectiva de género.
Por cierto, una de las posibilidades negadas por el Fiscal de Oaxaca en el caso del triple asesinato de Juchitán.
Suena bien. Es palabrería. Los dos párrafos anteriores son textuales de un informe de La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM, la entidad encargada de erradicar la violencia contra las mujeres, que bien conoce el caso de Ma. del Sol Cruz Jarquín, pero que ha dicho no poder intervenir. ¿A dónde ir entonces?, donde enderezar y obligar a la investigación a la que se niega el fiscal Vasconcelos Méndez, el mismo que habría que serenar para que trabaje, como dice Andrés Manuel López Obrador.
Parece fundamental reflexionar en ello porque de alguna manera estos agresores representan el resultado más extremo de nuestra cultura patriarcal y ni siquiera el Estado puede prometer un cambio significativo en su conducta sino apenas conformarse con su encierro, como dice aquí nuestra columnista Claudia Almaguer. Veremos.
