Néstor Y. Sánchez Islas
Víctima de sus propias regulaciones, el ayuntamiento cayó en una crisis que, a tres meses de su inicio, lo debilita y desprestigia. El video se viralizó en redes sociales. La escena es grotesca: un par de tipos con aspecto de porros del CATEM, con una playera blanca sobrepuesta y un gafete escapulario que los habilita como inspectores exigiendo a un fotógrafo que les mostrara su permiso para tomar fotografías frente al Sagrario de la Catedral. No existía el recibo, por tanto, se le prohibió continuar con su sesión fotográfica.
La indignación se generalizó, el enojo social subió al máximo, la notica llegó a algunos medios nacionales. Las burlas y mofa sobre el presidente municipal llenaron el ciberespacio. Raymundo Chagoya explicó que fue un problema de comunicación y, en parte, es cierto, aunque en el fondo la realidad es que existe una excesiva regulación municipal. También es cierto que el municipio está quebrado y le urge recaudar dinero por cualquier medio. A esto, la gente le llamó el “rugido de tripas” del municipio y funcionarios.
Ojalá fuera solo un problema de comunicación porque se resuelve corriendo al encargado del área, pero es un problema de las estructuras políticas que han desvirtuado la función de la comunicación social y la han convertido solo en un instrumento de propaganda y promoción de la imagen personal del jefe. Más que comunicación social no pasan de ser meras oficinas de relaciones públicas porque su verdadera función es ser un puente entre la autoridad y la sociedad. La teoría de la comunicación social establece que dos de sus funciones principales son la creación de consensos y disensos y, la otra, la socialización de obras, leyes y reglamentos para evitar conflictos. El gobierno está obligado a socializar todas sus leyes y reglamentos antes de aplicarlos a discreción y conveniencia.
Noé Jara, para justificar lo sucedido declaró: “es la ley”. Es correcto, pero hay una sabiduría que dice “ejecútese, pero no se cumpla”, y esto último podría haberles salido más barato porque, en apenas tres meses, este ayuntamiento ha consumido su luna de miel y capital político. La gente les ha perdido el respeto y la confianza, al grado de que una publicación de broma sobre un supuesto impuesto a cada vaso de agua de la samaritana mereció la atención de todos los canales oficiales.
El fondo es la sobrerregulación municipal y la manera en que acosan a la gente para cobrar a como dé lugar. Su catálogo de trámites tiene más de 800 y cada uno de ellos es una oportunidad de corrupción para la mafia burocrática.
El exceso de regulaciones es propio de gobiernos estatistas, populistas y asfixiantes. Inhiben el crecimiento de la economía y afectan a las pequeñas empresas y emprendedores. Los costos de sus trámites son excesivamente altos para lo que a cambio nos devuelve la autoridad, limitan la generación de empleo, es una institución profundamente ineficiente e improductiva y esto mismo provoca el enorme crecimiento de la economía informal que, en el caso de la ciudad de Oaxaca, debe rondar hasta el 80% de ella, lo que deriva que el ayuntamiento exprima a sus contribuyentes cautivos para poder mantener una nómina de casi 5 mil empleados que reciben toda clase de prestaciones.
Además de la excesiva regulación la gente de la calle debemos padecer la decisión de ponernos a todos al servicio del turismo. Sabemos que es una actividad importante, pero más importante somos quienes aquí vivimos. Además de una calle de Morelos que solo es para los tranvías turísticos, ahora les entregan en exclusiva una calle de Reforma, frente a la Hemeroteca Pública. Arbitrario y abusivo, también, es su comisionado de vialidad que se apropió de espacios para “autos oficiales” sin que jurídicamente exista esa figura en los reglamentos. Debe ser demando por abuso de autoridad.
No debe este ayuntamiento cebarse sobre la población cautiva. Debe diseñar con especialistas un plan para desregularse, eliminar personal innecesario, dejar de rentar inmuebles costosos y, sobre todo, mantener a raya los excesos de sus cinco o seis sindicatos que deben atenerse a lo que el municipio pueda recaudar sin extorsionar y abusar. De cada peso que nos quita, 90 centavos se van en gasto corriente. Ahí terminan nuestros impuestos en medio de una situación económica casi recesiva provocada por el régimen de la 4T.
Como sugerencia, el presidente debe revisar su equipo. Quién le aconsejó quitar, o hacer a un lado, el escudo oficial del municipio, la Donají, y usar solo el suyo lo está mal asesorando. La Donají es un símbolo de identidad ampliamente aceptado. No se trata de que sea anacrónico. Su importancia radica en el mensaje de unidad e identidad que transmite desde hace 200 años. Durante mucho tiempo fue el escudo que representó a todo el estado de Oaxaca, no solo al municipio.
nestor.yuri@yahoo.com
