Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 8 de abril de 2025.- Han pasado cuatro años desde que el Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de la Unión elaborar la Ley General de Consulta Previa, Libre e Informada para los pueblos y comunidades indígenas de México. Sin embargo, el mandato judicial sigue sin cumplirse.
La sentencia fue resultado de un juicio de amparo promovido por la organización Litigio Estratégico Indígena A.C., que denunció la omisión legislativa histórica en la creación de esta ley fundamental.
El Juez Décimo Primero de Distrito en Oaxaca resolvió conceder el amparo, reconociendo que el Congreso de la Unión ha incumplido con un deber constitucional previsto desde hace más de dos décadas.
Carlos Morales, presidente de Litigio Estratégico Indígena, hizo un llamado enérgico al Congreso de la Unión para que dé cumplimiento inmediato a la sentencia judicial. “Es inaceptable que hayan transcurrido 24 años desde la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001, sin que el legislador federal haya cumplido con su deber de expedir esta ley que garantiza los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo.
El deber de legislar en materia de consulta indígena quedó establecido en el artículo segundo transitorio de dicha reforma constitucional, como una obligación expresa del Congreso de la Unión.
No obstante, hasta la fecha, las consultas a los pueblos indígenas en México carecen de un marco jurídico general y específico que regule sus procedimientos.
Litigio Estratégico Indígena advirtió que el incumplimiento de esta sentencia no solo representa un desacato a la autoridad judicial, sino una muestra clara del desinterés estructural hacia los derechos de los pueblos originarios del país.
La organización anunció que continuará utilizando las herramientas jurídicas a su alcance para exigir que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares internacionales y la propia Constitución mexicana.
