Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 7 de julio de 2025.- Una presunta “narcomanta” colocada supuestamente ayer domingo en Juchitán de Zaragoza confirmó que, o hay contubernio con las corporaciones policiacas para dejar hacer, dejar pasar, o de plano simplemente son ineficaces.
Pero la violencia en esa ciudad no data de este sexenio estatal, sino varios años atrás, y abarca también otros municipios de la región del Istmo de Tehuantepec.
La crisis juchiteca no es más que la punta de iceberg de la delincuencia organizada asentada en la región del Istmo -y en otras zonas prioritarias del estado-, con o sin la complacencia gubernamental.
Este domingo 5 de julio, en las redes sociales se difundió una manta firmada supuestamente el “Comandante Tormenta”, en que señalaba al edil juchiteco Miguel Sánchez Altamirano y a su antecesor Emilio Montero Pérez de respaldar a los grupos delictivos que han originado la violencia extrema en ese municipio.
Pero no es novedad. El entonces gobernador Alejandro Murat, lo dijo a todo pulmón y en vivo y a todo color, a principios de febrero del año 2022, en un acto político masivo del PRI:
“Estamos aquí para trabajar por la seguridad de nuestros hijos, de nuestras familias; basta observar cómo municipios como Juchitán tienen en su cabildo nombres de capos de la mafia”.
Sin embargo, jamás hizo algo contra ellos; ni siquiera ofreció la disculpa que pedían los aludidos.
Sí, efectivamente, hay resultados tangibles ahora en el combate a la delincuencia, pero fue por amenazas e imposiciones del gobierno de Donald Trump como el gobierno de México, y las autoridades estatales, decidieron actuar ahora sí.
JUCHITÁN SIN TREGUA
En Juchitán no había día en que no hubiera crímenes, asaltos, extorsiones o cualquier otro delito contra la vida y la integridad de las personas. Nadie estaba seguro.
Pero nadie hacía nada. Hasta que, el 16 de junio pasado, los grupos delictivos llegaron al extremo e incendiaron dos tiendas Oxxo, por “cobro de piso”, mientras que se difundieron también extorsiones a empresas del transporte de pasajeros, que derivó en la suspensión del servicio.
Ello originó una intervención inmediata de los tres niveles de gobierno, encabezados por la Fiscalía General del Estado y la detención de cuatro personas el siguiente miércoles.
El sábado 21 de junio, se efectuó un megaoperativo en que se revisó la Comisaría de Seguridad Pública y el centro de videoviglancia C-2, ademas de detener a dos personas, uno de ellos el responsable de este última institución.
Además, se desarmó a toda la policía municipal, se le reemplazó temporalmente por la policía estatal, mientras se les llevaba al examen de control y confianza a los primeros.
Eso originó una reacción inmediata del presidente municipal, el morenista Miguel Sánchez, y su antecesor Emilio Montero, quienes llamaron a decenas de organizaciones sociales para dar una conferencia de prensa… y protestar.
Pero llamó poderosamente un mensaje-advertencia de actual director del IEEPO: “¡Un Juchitán hincado y sometido, jamás!”.
En seguida se anunció una megamarcha para el siguiente domingo, 29 de junio, ya no lo hicieron, pues Montero López junto con el edil Miguel Sánchez Altamirano, fueron llamados de urgencia al Palacio de Gobierno.
“¿Por qué Emilio sale en respaldo de su munícipe? ¿De qué o de quién lo defiende?”, cuestionó la semana pasada la periodista Rosy Ramales (https://rosyramales.com/cronica-politica-emilio-el-irreverentede-que-defiende-al-municipe-juchiteco/).
Y son las mismas preguntas que se hace la sociedad oaxaqueña
Ese mismo domingo hubo un asesinado en la colonia San Vicente de Juchitán. Hubo una tregua de una semana, hasta que el 29 de junio, mataron a balazos a otra persona, en la colonia Mártires del 31 de Julio y otro más al día siguiente en la Quinta Sección.
De nuevo casi una semana de tregua hasta que el 4 de julio incendiaron al menos dos locales, en pleno centro de Juchitán; pese a la supuesta coordinación institucional, hubo respuestas contradictorias, pues la Secretaría de Seguridad estatal dijo que fue intencional pero la Fiscalía General desmintió e informó que había ninguna relación con las extorsiones.
¿Y LA MARINA?
Evidentemente que, como decíamos al inicio, no nada más es Juchitán sino prácticamente los 42 municipios de la región del Istmo los que enfrentan una grave problemática en materia de seguridad.
Y, en particular, los que están por la ruta del Tren y del Corredor Interoceánico: Salina Cruz, Tehuantepec, Mixtequilla, Juchitán, Los Petapa, El Barrio de la Soledad, San Juan Guichicovi, Matías Romero, por mencionar algunos.
Llama la atención que las autoridades de esos y muchos municipios más son emanadas del Partido Morena y que permanezcan sin hacer nada, sin fortalecer sus policías municipales y los patrullajes.
Pero llama más la atención que la Secretaría de Marina, que se supone tiene bajo su control la seguridad del Tren y el Corredor Interoceánico, no tenga ningún plan para frenar los delitos y mucho menos tiene o coordina una fuerza policial importante para resguardar la zona.
Hace poco más de tres meses, en el Istmo se implementó la Operación “Sable”, coordinada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el resultado ha sido la detención de más de 65 “objetivos prioritarios”, es decir, presuntos delincuentes que generan la violencia.
De ellos, al menos una decena forman parte del llamado “Comandante Cromo”, que presuntamente lidera las actividades delictivas en la región y hasta ahora no ha podido ser localizado.
(Por cierto, en las redes sociales se han difundido fotografías de presuntos líderes criminales con funcionarios y políticos, principalmente morenistas).
Pero la operación fue producto de las presiones de Estados Unidos a México, con la llegada de Donald Trump al poder: o se combatía al crimen organizado o declaraba a los grupos criminales como terroristas, para enviar fuerzas armadas a nuestro país y combatirlos.
Así, en todo el país las instancias de seguridad se apresuraron a combatir los delitos y a detener delincuentes; decenas de laboratorios clandestinos de fentanilo se han hallado; hasta una minirefinería de “huachicol”, que nadie veía.
Así pasó en el Istmo y, según informó el fiscal Bernardo Rodríguez la semana pasada, los delitos han disminuido hasta en un 50 por ciento en la zona.
Pero aún hay muchas preguntas: ¿por qué las autoridades municipales siguen sin participar activamente en el combate interinstitucional a los delitos? ¿Revisarán también a los policías estatales de la zona?, pues se presume que algunos o muchos están ligados al crimen organizado.
¿Indagarán a las autoridades de los tres niveles que están o podrían estar involucrados en los delitos? ¿Operación “Sable” sólo es temporal para hacer saber a México y EU que sí se está combatiendo a la delincuencia? Por ahora, el tiempo tiene la palabra.
