Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 28 de agosto de 2025.- Luis Alberto M. Z., agresor de Daniela E. B., sigue en libertad a pesar de que intentó asesinarla en diciembre de 2019 y de que un juez lo sentenció en marzo pasado a la pena mínima, cinco años de prisión, pero por violencia familiar y no por intento de feminicidio.
El hijo del ex edil de Ocotlán de Morelos, Luis Francisco Martínez Aquino, ha seguido su proceso en libertad siendo una amenaza latente para otras mujeres e incluso fuentes cercanas al caso señalan que actualmente está en el extranjero.
Las agresiones comenzaron al poco tiempo de relación de la pareja, pero fueron aumentando al grado de aislarla de sus amistades y familia, de golpearla e intentar asesinarla, como se observa en los videos que del caso han circulado en los últimos días.
El intento de feminicidio ocurrió el 1 de diciembre de 2019 y aun con esas pruebas, Daniela también se ha enfrentado a la violencia institucional, pues fue revictimizada por las propias autoridades que no clasificaron el delito como intento de feminicidio.
Luis Alberto fue condenado en marzo a cinco años por violencia familiar, pero apeló la sentencia tratando de ser absuelto.
A cinco meses, todavía espera la confirmación de la sentencia, pero el riesgo de que sea absuelto persiste, como también el que su caso quede en la impunidad por las relaciones de su familia con funcionarios y ex funcionarios.
Daniela es sobreviviente de intento de feminicidio y espera justicia. Sin embargo, en el estado otras más se convirtieron en víctimas mortales a manos de quienes eran sus parejas, su familia u otros agresores.
En lo que va de la actual administración del gobernador Salomón Jara, son ya 260 las mujeres asesinadas de manera violenta hasta este 28 de agosto. Aunque solamente pocos casos se investigan como feminicidios.
LLAMADO URGENTE
Por su caso, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer) lanzó un llamado a las autoridades para que el agresor cumpla su condena y no quede en la impunidad como muchos otros.
Esta exigencia también es por el temor de que su caso sea uno de los pendientes que deje la todavía presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, quien dejará el cargo para asumir uno nuevo tras las elecciones del poder judicial del pasado 1 de junio.
«Este caso refleja las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en Oaxaca: delitos mal tipificados (feminicidio en grado de tentativa tipificado como violencia familiar), medidas de protección ineficaces y autoridades sin perspectiva de género», señala.
En su pronunciamiento, la asociación civil aclara que «las mujeres que denuncian no tienen la obligación de saber de los delitos que enfrentan, pero las autoridades sí, por lo que causa una profunda preocupación que ante las y los Ministerios Públicos lleguen mujeres con un nivel de riesgo de violencia feminicida y no sean detectados como corresponde».
En este caso, que en un estado con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se considere únicamente como violencia familiar lo que en realidad es un intento de feminicidio.
