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Universidades del ex SUNEO exigen modificar nuevos decretos

por Agencia Zona Roja

Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.

Oaxaca, Oax., a 22 de septiembre de 2025.- La coalición del personal académico, administrativo y operativo de las 10 universidades que hasta hace poco eran parte del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), exigen al gobierno estatal la revisión y modificación de los recientes decretos de creación de estas instituciones, publicados el 29 de agosto, pues han generado incertidumbre laboral y desmotivación, limitan la participación democrática y plural de la comunidad universitaria y perpetúan «prácticas autoritarias que contradicen los principios de inclusión y equidad».

La colación subrayó que para la elaboración y publicación de los decretos no se consultó a las comunidades universitarias, contraviniendo lo dispuesto en el artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación Superior. 

A través de un pronunciamiento en el que también pide la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, la coalición expuso al menos ocho peticiones como las citadas y un diálogo público entre el gobierno estatal y las y los trabajadores de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), Universidad del Mar (Umar), Universidad del Istmo (Unistmo), Universidad del Papaloapan (Unpa), Universidad de la Sierra Sur (Unsis), Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ), Universidad de la Cañada (Unca), NovaUniversitas, Universidad de la Costa (Uncos) y la Universidad de Chalcatongo (Unicha).

El pronunciamiento se dio luego del que inicialmente lanzó el personal de la Universidad de la Sierra Sur a principios de septiembre en contra del decreto de creación de esta universidad como un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Los demás decretos son iguales para las otras nueve universidades del extinto SUNEO, que hasta hace un mes tenía cómo única rectora a María de los Ángeles Peralta Arias.

Ahora, en el nuevo pronunciamiento, se unió todo el personal de las universidades, en las que hasta el 2022 se estimaba que tan solo del tipo académico eran mil 100 profesores investigadores, 203 de estos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), de acuerdo con el último informe de Modesto Seara Vázquez (España, 1931-México, 2022), su rector fundador y que estuvo en el cargo hasta su deceso.

Entre las demás peticiones del personal de las 10 universidades está el de «modificar los alcances de la Junta de Gobierno, para darle poder de decisión a un Consejo Académico en la toma de decisiones que garantice que la Junta de Gobierno no se convierta en un instrumento patrimonialista ni de control político». Y es que de acuerdo con los nuevos decretos, cada universidad tendrá una junta de gobierno como máxima autoridad, por encima de la o el rector nombrado por el Ejecutivo estatal. 

En este órgano presidido por la o el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, la universidad solamente estará representada por su rector o rectora y el resto de miembros son titulares de dependencias del gobierno estatal.

Otra solicitud es la de conservar la figura de Profesor-Investigador de Tiempo Completo, «pues constituye una fortaleza fundamental para garantizar la calidad en la formación profesional y el desarrollo de proyectos de investigación que impactan positivamente en el desarrollo del estado de Oaxaca y de la nación mexicana».

De acuerdo con el último informe de Seara Vázquez, entre 2020 y principios del 2022 las y los investigadores del SUNEO publicaron 762 libros, artículos, ensayos y otros documentos.

«Más allá de manifestar nuestro desacuerdo con los decretos mencionados, proponemos abrir caminos de diálogo verdadero de escucha y co-creación, donde todas las voces, especialmente las históricamente silenciadas, sean parte activa en la construcción de políticas que reflejen la realidad diversa y compleja de nuestra comunidad con respeto mutuo y la corresponsabilidad», apuntaron las y los trabajadores en el pronunciamiento, en espera de una respuesta favorable del gobierno estatal.

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