Isidoro Yescas*
Después de la desaseada elección del Comité Ejecutivo del STAUO (mayo 2025) y la desarticulación de la llamada Comisión Política de dicha fuerza sindical, el rector Cristian Carreño pretende ahora imponer las reglas políticas de la sucesión rectoral olvidando que su servil subordinación al gobierno primaveral (y a Morena) terminará por echar abajo cualquier decisión que se tome en el pequeño círculo que lo rodea para definir al candidato oficial.
Esas reglas apuntan a la integración de un triunvirato de aspirantes de donde tendría que surgir el candidato para el próximo año. En esa terna figuran su asesor Luis Alberto Hernández, su secretario Particular, Amílcar Taurino Sosa Velasco y el exsecretario General del STAUO, Enrique Martínez Martínez.
Los tres, del STAUO, ya están en precampaña y se entiende que, a falta de una normatividad que regule los actos anticipados de campaña, cada uno de los aspirantes puede llevar a cabo actividades de proselitismo en el campus universitario (y en las redes) sin ningún tipo de restricciones.
Sin embargo, el principal contrapeso a las pretensión continuista de Carreño es el grupo político que mantiene el control de la dirección de la Facultad de Derecho y que se identifica parcialmente con el SUMA, pues otra facción del mismo sindicato que dirige el viejo cacique Abraham Martínez Alavez, se mueve en la misma sintonía que la camarilla que controla el STAUO.
Tratándose de una facultad que electoralmente resulta estratégico en cualquier relevo rectoral por el número de votos que aporta, no extraña que en este año ya sumen dos intentos de la dupla Carreño-Martínez Alavez para eliminar el contrapeso político-familiar en este plantel.
Y contra lo que se quiere vender desde el oficialismo universitario y por un grupo de docentes afines, la disputa que en esta facultad libran dos bloques de poder político-sindical no es para rescatar del ostracismo académico a esta facultad, sino para mantener o arrebatar el control del alumnado, que a la hora de la verdad se convierten en votos.
Desde hace décadas, o para ser más precisos, desde la década de los ochenta, la Facultad de Derecho ha sido semillero de grupos porriles, un factor que también pesa en las disputas internas de estos dos bloques, como se evidenció con los recientes hechos de violencia registrados en este plantel.
Hoy, al frente de esa facultad está la abogada Rocío Martínez Helmes, hija non grata de Abraham Martínez Alavez. Y quien aspira a la rectoría por este bando es su esposo, Carlos Pérez Campos Mayoral, flamante subsecretario de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobierno.
Apenas el pasado fin de semana, representantes de esas dos facciones se reunieron en un edificio público del centro de la ciudad capital a convocatoria del secretario General de Gobierno, Jesús Romero López, para limar asperezas y explorar, sin resultados, salidas negociadas a la próxima elección de director o directora.
Y allí estuvo el rector Cristian Carreño, no como co-convocante ni como una autoridad mediadora e imparcial, sino como parte del conflicto y cabeza del bloque oficialista que ante su nulo liderazgo, por enésima ocasión recurre a la mediación gubernamental para resolver un asunto interno que solamente debiera ser de la competencia de los universitarios.
Existen, por supuesto, otros aspirantes y otras fuerzas internas que con el paso del tiempo se harán visibles en un proceso que a medida que se acerque la fecha de la elección se volverá mas complicado políticamente y frágil en su institucionalidad ante la ausencia de reglas escritas (para el caso la Ley Orgánica es letra muerta) y un rector que no entiende que su papel es cuidar la gobernabilidad de la UABJO y no atizar conflictos por doquier.
*Maestro en Sociología y periodista.
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