Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 15 de octubre de 2025.- Como tardía, tibia y revictimizante calificó la periodista oaxaqueña Soledad Jarquín Edgar a la recomendación que emitió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por el feminicidio de su hija, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido en un ataque armado el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza. Bajo pena de perder su trabajo, la joven había sido enviada por su entonces jefe, Francisco Montero López, a cubrir la campaña electoral del hermano de éste, Hageo Montero.
«No es una muestra de justicia, es el reflejo de las instituciones que llega tarde, sin escuchar a la víctima y sin entender su papel en la defensa real de los derechos», expresó Soledad en conferencia de prensa realizada este miércoles.
Aquel 2 de junio, María del Sol fue asesinada cuando acompañaba a Pamela Terán, integrante de la planilla de Hageo Montero y aspirante a síndica. En el hecho, también fue privado de la vida el chofer de Terán, Adelfo Guerra.
En compañía de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, lamentó que hayan tenido que transcurrir siete años y cuatro meses desde la muerte de su hija y seis años de la queja formal para que el órgano encabezado por Elizabeth Lara Rodríguez se haya pronunciado, pero con una recomendación que mantiene los errores señalados desde el 2023 por la organización y la periodista.
En estos años, dijo, pasaron tres titulares de la DDHPO, tres titulares de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dos gobernadores y tres legislaturas locales. «Así de larga ha sido la dilación y revictimización», agregó la periodista.
Como último recurso en su lucha, Soledad llevó en 2022 el caso de María del Sol ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para que sea esta la que resuelva en contra del Estado Mexicano por la obstrucción a la justicia.
Este miércoles, en conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno, la también autora del libro «Revelaciones de un Crimen de Estado», externó que la resolución emitida fuera de tiempo no es justicia sino simulación.
La recomendación, difundida el pasado lunes por la Defensoría y en la que , también omite a las y los funcionarios que obstaculizaron la justicia para María del Sol, explica Soledad Jarquín sobre el ex fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, quien fue Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Oaxaca; Esther Araceli Pinelo López, ex fiscal Especializada en Delitos Electorales, «y otras personas que tuvieron que ver y no hicieron su trabajo. Ellos no son tocados en esa recomendación».
«La resolución 19/2025 no garantiza seguridad ni reparación. No establece mecanismos de seguimiento ni protección real para la víctima», refirió la organización Consorcio, al exigir a la DDHPO que asuma su responsabilidad como una institución garante de derechos y no sea una oficina de trámite.
Yesica Sánchez Maya, de la dirección colegiada de la organización Consorcio Oaxaca, calificó la recomendación como una simulación de parte de la Defensoría y que pareciera utilizar el caso de María del Sol a su favor, pues conoció de la queja desde el 2018, aunque la admitió como tal en 2019.
El caso de María del Sol es un crimen de Estado, subrayó Maya en referencia al libro en el que la periodista y madre de la fotógrafa narra la lucha por la justicia que le prometió a su hija.
«Y eso es lo que tampoco logró engarzar la Defensoría porque esto le hubiera dado una actualización incluso a su recomendación. Estamos hablando de un esquema y sistema de impunidad y lo que tenemos es un crimen de Estado donde se juntaron acción, omisión, complicidades, amenazas, hostigamiento, premiaciones a funcionariados que estuvieron en el proceso de impunidad», apuntó Maya Sánchez.
MÚLTIPLES CARPETAS
Soledad Jarquín detalló que aunque se abrieron varias carpetas de investigación por los presuntos delitos en contra de su hija, hasta el momento no ha habido justicia y, en cambio, cada expediente se ha cerrado dejando en la impunidad la muerte de Sol.
La carpeta de investigación por homicidio calificado fue cerrada en 2021; la de feminicidio, que era una investigación prometida por el ex fiscal Arturo Péimbert, fue cerrada en diciembre de 2023; la carpeta de robo (de la cámara, computadora y fotografías) sí tuvo una resolución en la que se sentenció a más de 13 años a Heliodoro Altamirano Charis, sin embargo, a tres años de sentencia, el responsable del delito no ha pisado la cárcel y permanece prófugo.
En tanto, la carpeta de investigación por delito electoral «está en el limbo» y a punto de prescribir, mientras que de la carpeta por el delito de corrupción sigue en el Tribunal Administrativo y desconocen el estado en que se encuentra, pues lo último que supo es que había un amparo de por medio.
