Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de Político.Mx)
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2025.- Al llegar a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum se comprometió a someterse a la revocación de mandato tal como lo hizo su antecesor y líder moral del movimiento de la llamada 4T, Andrés Manuel López Obrador, una estrategia que le permitió al mandatario movilizar a la maquinaria de Morena y estar en campaña permanente.
Ahora, la maquinaria de Morena en la Cámara de Diputados ha puesto en marcha una reforma constitucional para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se efectúe a la par de las elecciones intermedias de 2027.
La iniciativa, impulsada por Alfonso Ramírez Cuéllar, del círculo cercano de la mandataria, busca modificar el artículo 35 constitucional. Sin embargo, ya generó escozor en el “círculo rojo”, que acusa a Morena de intentar “colar” a la presidenta en la boleta para influir y movilizar el voto a su favor en un año clave.
En 2027, además de la conformación de la Cámara de Diputados, estarán en juego 17 gubernaturas, donde Morena busca defender 12 de ellas y mantener su mayoría calificada en el Congreso.
EN ALERTA
La oposición y expertos alertan que, de aprobarse, la consulta opacará las campañas locales y legislativas, centrando toda la movilización del Estado en favor de Sheinbaum.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reconoció que en 2019 se acordó explícitamente no empalmar la revocación de AMLO con las intermedias de 2021 (por eso se mandó a 2022). Ahora, Morena busca hacer exactamente lo que se había prohibido.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, advirtió que esto permitirá una “campaña anticipada”, ya que la movilización para recabar las firmas iniciaría en 2026, permitiendo a los “defensores de la 4T” (futuros candidatos) promoverse antes de tiempo.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, alertó sobre la confusión que generará en el votante, que enfrentará la elección de diputados, 17 gobernadores, la segunda elección judicial y, además, la revocación.
“Si bombardeamos a los electores de cientos de temas, candidaturas y boletas, los incapacitamos para votar de forma libre e informada”, dijo Ugalde.
CASO AMLO
El proceso al que se sometió López Obrador en 2022 se realizó en medio de una controversia, pues hubo una disputa presupuestal entre el Instituto Nacional Electoral (INE) con el Gobierno Federal y el Congreso.
El INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova Vianello, argumentó que el recorte presupuestario significativo para 2022 impedía instalar la misma cantidad de casillas que en una elección federal, lo que llevó al Consejo General a posponer la consulta. Morena y el presidente AMLO acusaron al INE de intentar boicotear el ejercicio y “conspirar” contra la democracia. Pero al final, tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral le ordenaron continuar la organización, obligándo al INE a operar con recursos limitados.
Además de este conflicto, la polémica incluyó denuncias de promoción indebida, pues funcionarios y militantes de Morena fueron señalados por violar las restricciones de propaganda gubernamental al promover la consulta activamente, incluso después de las advertencias del INE.
Al final, el proceso fue considerado por la oposición como un fracaso, pues solo participó el 17.77% de la población, debajo del umbral del 40% requerido para que el resultado fuera legalmente vinculante, y el costo fue multimillonario: 1.6 mil millones de pesos.
¿QUÉ PASA?
Actualmente, el artículo 35 constitucional establece que la revocación de mandato es un derecho ciudadano.
Para solicitarla, una vez concluidos los tres años del mandato presidencial y después del primer mes, se requiere la petición de al menos el 3% de la lista nominal de electores, pertenecientes a no menos de 16 entidades federativas.
Sin embargo, la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar modifica esto al plantear que la valoración de la revocación se realice antes de que transcurran los tres años del periodo sexenal, y que el proceso se lleve a cabo el mismo día de la elección federal, es decir, el primer domingo de junio.
El proceso de revocación de mandato inicia con la solicitud ciudadana y la recolección de firmas, las cuales deben ser equivalentes al 3% de la lista nominal de electores, es decir un mínimo de 3 millones distribuidas en al menos 17 entidades federativas.
El INE verificará el requisito de las firmas dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud. Si la solicitud es procedente, el órgano electoral emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.
