Ismael García M./Zona Roja.
Oaaxaca, Oax., a 13 de noviembre de 2025.- Organizaciones civiles que integran la Plataforma de Derechos Humanos expresaron su enérgico rechazo por el lamentable desempeño de diversas instituciones, que ponen en riesgo a las personas defensoras.
Entre ellas, citaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca.
Refirieron que que ayer jueves, diversos defensores participaron en una diligencia que tenía como propósito el desahogo de la prueba pericial, ordenada por una autoridad federal.
“Como es del conocimiento público, las familias y comuneras de Rancho Ardilla y Rancho Minas del Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, han venido sufriendo una serie de amenazas, hostigamientos, agresiones – incluida la sexual- y encarcelamientos arbitrarios por parte de autoridades municipales y agrarias de Tamazulapam del Espíritu Santo, así como de sus agencias de Tierra Blanca y Linda Vista.
“Ello con el objeto de despojarles de sus tierras y pertenencias de manera arbitraria, violando sus derechos humanos.
Todo ello es del conocimiento pleno de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), bajo el expediente: DDHPO/0310/ (14) /OAX/2024, donde inclusive existen medidas cautelares emitidas que el día de hoy no fueron atendidas puntualmente”.
Relataron que ayer cuando se apersonaron las víctimas, el perito oficial del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, así como varias personas defensoras de derechos humanos, arribaron las autoridades municipales de Tamazulapam del Espíritu Santo (incluida la síndica municipal), las autoridades agrarias, los topiles y la policía municipal.
“Los cuales, impidieron al perito desarrollar sus actividades, de una manera amenazante y agresiva. No bastaron los argumentos ni explicaciones que se dieron sobre el trabajo de carácter técnico e incluso se les mostró el acuerdo donde se establece que él es el perito oficial del Juzgado Décimo de Distrito, encargado de desahogar la prueba pericial en agrimensura.
“Aun así argumentaron que ya eran sus terrenos y los obligaron a salir del lugar, escoltados por topiles”, reseñaron.
Manifestaron su preocupación por la falta de acciones eficaces para garantizar la seguridad y la integridad de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos, sobre todo ante el riesgo que era inminente por los antecedentes de las agresiones y el abuso de autoridad con el que han venido actuando las autoridades y la población de Tamazulapam del Espíritu Santo.
“Lamentamos la respuesta de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a la solicitud de intervención y acompañamiento aduciendo que dicha diligencia atañe al ejercicio de procuración de justicia… con esta interpretación limitada y sin perspectiva de derechos humanos omite su responsabilidad con la medida precautoria que tiene Laura Cleotilde Morales Juárez y contribuye a que las autoridades violenten e impidan la labor de las personas defensoras”.
Hicieron un llamado enérgico al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que asuma con mayor responsabilidad su deber de protección en tiempo y forma de quienes son beneficiarias de las medidas de protección como lo es la defensora Laura Cleotilde Morales Juárez, ya que ayer quedó evidenciada su lentitud e inacción.
“Frente a un contexto de inseguridad y riesgo que pernea la labor de quienes promueven y defienden los derechos humanos, se hace necesario que exista una coordinación eficiente entre todas las instituciones del Poder Ejecutivo”, señalaron.
