Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 5 de diciembre de 2025.- Cada día que Oaxaca deja pasar sin que se armonice la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) implica no solo un retraso legislativo sino vidas en riesgo, señaló este jueves la Coalición Movilidad Segura Oaxaca, al exigir al Congreso local y al gobierno estatal adecuar la normativa federal vigente desde mayo de 2022.
Al subrayar la omisión de las autoridades, la coalición explicó que entre 2022, cuando se publicó la ley en el Diario Oficial de la Federación, y 2024, han perdido la vida más de mil 300 personas en Oaxaca. Además de que muchas familias se han roto y siguen sin justicia.
«¿Cuántas vidas más tendrá que pagar Oaxaca para aceptar que la movilidad es un derecho y la seguridad vial una obligación? Cuando faltan banquetas, muere un peatón. Cuando una avenida es diseñada para la velocidad y no para personas, muere un ciclista. Cuando las motos circulan sin regulación ni casco obligatorio efectivo, mueren adolescentes», cuestionaron David Morales, delegado de la Coalición Movilidad Segura Oaxaca, y Esther Soto, vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial e Integrante del Colectivo Gabi “Bici Blanca”.
Este jueves, en conferencia de prensa, ambos activistas subrayaron que las muertes y lesiones graves causadas por el tránsito no son accidentes sino siniestros prevenibles.
De ahí la importancia de que Oaxaca armonice la ley, pues hasta ahora es uno de los 11 estados que llevan más de tres años de omisión legislativa. Esto a pesar de las exigencias de la sociedad civil organizada ante el Congreso local y la Secretaría de Movilidad.
Otras entidades que han incumplido con su responsabilidad en la materia son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.
A nivel nacional, Soto explicó que la ley se logró a partir de la lucha de varios colectivos, asociaciones civiles y activistas. La ley, dijo, es la primera de su tipo en ley en América Latina, pues reconoce la movilidad como un derecho y obliga a las autoridades a proteger la vida sobre cualquier otro interés.
De acuerdo con Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), en el 2022, cuando se publicó la ley, hubo 532 víctimas mortales de siniestros viales en el estado de Oaxaca.
En 2023, fueron 695 las personas fallecidas por estos siniestros. Para el 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 104 muertes en Oaxaca a causa de accidentes de tránsito terrestre, pero en zonas urbanas y suburbanas (ATUS). Es decir, que al menos hasta el año pasado eran ya 1,331 las víctimas.
«No aceptamos más promesas. No aceptamos simulaciones. No aceptamos excusas. La vida debe estar primero y la armonización de la Ley General debe ser inmediata, integral y con participación de víctimas, porque la omisión también mata», apuntaron los activistas.
