Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 7 de enero de 2026.- Por más de 140 días, 225 habitantes de la agencia Buenavista, perteneciente a Santiago Yosondúa, han tenido que vivir en condiciones indignas por el desplazamiento forzado interno al que fueron orillados tras el ataque del pasado 18 de agosto de parte de Santa María Yolotepec, en la región Mixteca.
Las familias y organizaciones sociales que respaldan su lucha denunciaron este miércoles que a casi cinco meses de que estalló el conflicto por las tierras que pelea Yolotepec el gobierno estatal ha sido omiso, pese a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que se aprobó en septiembre pasado, apenas dos semanas después del conflicto.
Este miércoles, una representación de las y los desplazados denunció frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Oaxaca la falta de justicia y la escalada de violencia que no solamente los han dejado sin su patrimonio, sin sus viviendas y sin garantías para sus derechos humanos.
Los ataques armados, explicaron, siguen sin que haya vigilancia o atención de las fuerzas de seguridad.
Por ello exigieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que el gobierno estatal de Salomón Jara cumpla con su responsabilidad y acate la resolución del Poder Judicial de la Federación y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Lo anterior tanto para el respeto a sus tierras como a sus derechos humanos y el retorno seguro a su comunidad.
La autoridad de Buenavista reiteró que la comunidad tampoco está dispuesta a la condición impuestas por Yolotepec para su retorno, la cual consiste en que les den la mitad de las tierras que están en disputa desde hace 70 años (del área total de mil 600 hectáreas).
Las y los representantes de la comunidad advirtieron con instalar un plantón en el Palacio de Gobierno si la administración de Salomón Jara no atiende el problema.
MUJERES Y NIÑOS
A raíz del ataque armado del 18 de agosto, 61 mujeres, 27 niñas, 33 adultos mayores, 32 niños, 58 hombres, 12 madres solteras y 2 bebés los que han tenido que resguardarse en una galera de la cabecera municipal expuestos a la intemperie y principalmente el frío.
La exigencia del retorno seguro fue hecha este miércoles por una comisión de la comunidad: el agente, Manuel López; su suplente, Jorge Eduardo Santiago; Emiliano Rosales Sánchez, del comisariado de bienes comunales; así como integrantes del consejo de ancianos: Ignacio Sánchez, Juan López y Juan Martínez García; Isidra Belén Rosales Sánchez, adulta mayor ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025, y otras víctimas del desplazamiento: Benita López, Antonia Sánchez, Marina López y Anatalia Rosales Santiago.
Yésica Sánchez Maya, de la organización Consorcio, cuestionó la falta de atención de las autoridades estatales ante este conflicto, a pesar de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno, por lo que es necesario que la Federación tome cartas en el asunto, especialmente cuando el gobierno estatal no ha acatado las medidas cautelares de la Defensoría a favor de Buenavista.
Por parte de la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón, el coordinador Felipe Canseco cuestionó cómo el gobierno estatal ha permitido las agresiones a Buenavista, pese al pronunciamiento de la Suprema Corte a favor de Buenavista y Chica a, agencias de Yosondúa. El coordinador negó tintes políticos por parte de quienes defienden a Buenavista.
«Aquí la pregunta no es qué hace Felipe Canseco. Aquí la pregunta es cómo permite el Gobierno del Estado que disparen armas de fuego de uso exclusivo del Ejército los de Santa María Yolotepec. Aquí la pregunta es cómo permite porn durante dos meses y medio que quemaran 29 casas como si no hubiera policía estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina y nadie que impidiera toda la atrocidad que ellos han sufrido… Aquí el tema es lo que están sufriendo los de Buenavista», expresó.
