Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 31 de enero de 2026.- La exigencia de transparencia y rendición de cuentas hacia la presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Irasema Leyva Ojeda, escaló a un conflicto por presunta violencia política en su contra.
Además de la determinación de medidas cautelares a su favor por parte de la fiscalía de Pinotepa Nacional, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
El problema en este municipio de la región Costa estalló luego de que en las últimas semanas un grupo de ciudadanos y un regidor del ayuntamiento, Abraham Alejandro Ojeda Pacheco, le exigieron transparentar el destino de los casi tres millones de pesos solicitados a nombre del ayuntamiento al Banco Nacional de Obras (Banobras) en el ejercicio fiscal 2025.
Por ejemplo, a través de un oficio de fecha 21 de enero de 2026, el grupo ciudadano denominado «Ciudadanos de Lo de Soto Unido» le exige a Leyva Ojeda (emanada del partido Morena) aclarar sus dudas sobre las acciones que citó en su primer informe de gobierno.
También que aclare el destino del crédito solicitado ante Banobras, ya que en el reporte de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado no declaró la ejecución de obra pública en el municipio. Estas y otras exigencias fueron planteadas en el documento.
Sin embargo, con la misma fecha del 21 de enero, la Fiscalía Local de Pinotepa Nacional le concedió medidas de protección a Irasema por la presunta violencia política en su contra por parte del regidor.
En el documento firmado por Edgar Manuel Orantes, la fiscalía de Pinotepa Nacional, le informa a Abraham Alejandro Ojeda Pacheco que se integró la carpeta de investigación 1456/Pinotepa/2026 «en su contra por la comisión del delito de violencia política cometido en contra de Irasema Leyva Ojeda», y por lo cual se acordaron medidas de protección a favor de la víctima.
Estas medidas son: «prohibición de intimidar a Irasema Leyva Ojeda o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia» e incluso a personas relacionadas con ellas. Asimismo, se determinó «auxilio policiaco de reacción inmediata en favor de la víctima».
Estas medidas son formas de censura y represión hacia el regidor, de acuerdo con María de Lourdes Ojeda Serrano, maestra en Derecho Constitucional y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En una publicación en un grupo de esa comunidad, Ojeda Serrano también cuestionó el uso del concepto de violencia política en razón de género en este caso.
«¿Qué es la Violencia Política en razón de Género? Hay que ofrecerle cátedras a las políticas y Fiscales que usan esta herramienta Jurisdiccional para reprimir a la ciudadanía. El dar a conocer las corruptelas, malversación de fondos públicos, y latrocinio de los servidores públicos NO es delito. Es todo lo contrario, es usar tu derecho a la libertad de expresión; consagrado en la ley Suprema que se llama Constitución Federal», explicó.
Tras las denuncias ciudadanas y la emisión de las medidas de protección a su favor, la edil de Lo de Soto (2025-2027) convocó a la población en general, así como al comité que le envió el oficio, a una reunión informativa el próximo 2 de febrero en el palacio municipal.
