Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 5 de febrero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente este miércoles el análisis del amparo para decidir si revoca o no la sentencia por la cual fue absuelto en 2025 el ex asesor jurídico del municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Johan Ricardo Matus, por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu.
Esta iba a ser la primera ocasión en la que la nueva Corte, presidida por el oaxaqueño Hugo Aguilar, analizaría un caso de desaparición forzada, el de la activista desaparecida el 26 de marzo de 2021 tras una protesta en contra de la entonces presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta (del partido Morena).
Sin embargo, luego de más de cuatro horas de sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar dijo que por cuestiones de tiempo quedaban pendientes tres asuntos.
Entre estos, el del amparo 5887/2025 presentado por la familia de Claudia Uruchurtu para revocar la sentencia absolutoria de Matus.
Hasta ahora, se presume que la desaparición de la activista fue ordenada por la ex presidenta y el ex asesor jurídico.
Johan Matus había sido sentenciado inicialmente a 40 años de prisión (3 de marzo de 2023), pero la pena fue aumentada a 50 años tras la confirmación de la sentencia el 29 de mayo de 2023 por parte de la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
En tanto, la ex presidenta Lizbeth Victoria Huerta, quien solamente fue sentenciada por obstrucción de las investigaciones, había sido condenada a cuatro años de prisión y en diciembre de 2024 se le redujo la pena a tres años y siete meses, por lo que fue liberada.
De acuerdo con el proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, que la Corte iba a analizar este 4 de febrero, la resolución del amparo se inclina por echar abajo la sentencia absolutoria de Johan Matus, a quien el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo le concedió la absolución de la pena el 21 de agosto de 2025.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia a. c. y el colectivo Defensores por la Justicia, que acompañan a la familia de Claudia Uruchurtu, el caso ha atravesado diversas etapas que han frenado el acceso a la justicia. Por ello la exigencia de justicia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta el 13 de diciembre de 2024, unas de las últimas resoluciones por el caso eran las de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en las que confirmó la pena impuesta a Juan Antonio H. M., de 60 años de prisión.
En tanto se modificó la pena impuesta a Nelci J. V. J. y Rolando A. B. a 45 años de prisión (les aumentó 5 años) y en el caso de Lizbeth Victoria se me redujo la pena a 3 años y 7 meses de prisión y se ordenó su liberación inmediata.
