Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de “La Jornada”)
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2026.- En los ocho años que lleva al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo tejió una red de acuerdos con actores políticos, funcionarios nombrados por él en áreas claves y modificó el reglamento del órgano fiscalizador, que le permitió concentrar el control de los tiempos para presentar denuncias penales o dejarlas caducar.
Con las modificaciones al reglamento de la ASF, Colmenares Páramo y el auditor especial de Seguimiento, Nemesio Ibáñez, deciden la velocidad con que las denuncias por presunto desvío de recursos públicos se tramitan ante la Fiscalía General de la República (FGR). “Esa es la llave de la discreción” de los dos auditores que, explican diputados de Morena, encabezan el denominado Grupo Oaxaca.
Se trata de un equipo compacto del que también forma parte Jaime Bolaños Cacho, titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo, quien es tío del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM), partido que también preside la Comisión de Vigilancia, con Javier Herrera Borunda.
Jaime Bolaños fue el vínculo entre Colmenares y Pablo Angulo (PRI), ex presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la legislatura pasada, del primer círculo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Los legisladores consultados señalan que Angulo se encargó de atemperar las críticas de diputadas, como María Elena Pérez Jaén (PAN) e Inés Parra Juárez (Morena), quien el 30 de junio de 2023 vació una cubeta con ratones de plástico ante el auditor y le exigió: “¡destape la cloaca de la corrupción!”
Tampoco prosperaron las quejas de las legisladoras por el departamento que Colmenares se acondicionó en el edificio de la ASF, donde recibe visitas particulares.
Como parte de su estrategia de centralizar el control de la Auditoría, en 2018 designó a Isaac Rojkind en el área de seguimiento a las auditorías. Rojkind había sido secretario técnico de la Comisión de Vigilancia en el proceso de la Cámara en que Colmenares fue electo y había sido colaborador de Rosario Robles.
En 2021 reforzó el manejo de ese sector y nombró a Nemesio Ibáñez, quien decide si las auditorías se dan por solventadas o concluidas y cuáles se presentan ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, se convierten en denuncias ante la FGR o bien se quedan “en integración”. En ese estado se encuentran, según el reporte más reciente de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, 87.5 por ciento de los expedientes, lo que permite que los casos caduquen.
En agosto de ese año, Colmenares cambió el reglamento interno de la ASF con la finalidad de que las áreas auditoras ya no generen los dictámenes necesarios para continuar los procedimientos y trasladó esa responsabilidad a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, decisión cuestionada por el ex auditor Gilberto Lozano Dubernard.
En la relación con el Sistema Nacional Anticorrupción, Colmenares designó a Eber Betanzos, ex colaborador de Arely Gómez, procuradora general de la República y secretaria de la Función Pública con Enrique Peña Nieto.
En el área jurídica mantuvo a Víctor Andrade, hermano del ex secretario de la Función Pública Virgilio Andrade, a quien se le encargó el caso de la denominada casa blanca.
El proceso para renovar la titularidad de la ASF, que empieza esta semana, se realizará con el marco constitucional y legal vigente, pero el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó que una iniciativa del Ejecutivo en materia anticorrupción incluirá cambios para evitar la discrecionalidad con que se maneja el órgano de fiscalización.
“El auditor (Colmenares) concentra gran parte de las decisiones: aprobar el programa anual de auditorías, expedir el reglamento interior, designar al personal de mando superior, emitir normas y disposiciones para la fiscalización”, indicó.
Con la reforma se planteará recuperar decisiones colegiadas, volver a constituir el consejo de dirección, y “mejorar la transparencia, reducir la discrecionalidad, fortalecer la pluralidad e independencia de la ASF, darle mayor legitimidad y reducir el conflicto de intereses”, señaló.
