Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de “El Informador”)
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2026.- En México, la crisis de desapariciones no sólo crece en número, también en incertidumbre. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país acumula 132 mil 534 personas en esta situación, pero una de cada tres no cuenta con información suficiente para ser buscada.
Detrás de las cifras hay historias truncas. Como la de una madre que denuncia haber entregado nombre, fotografía y lugar de los hechos, pero cuyo caso terminó clasificado con datos incompletos. O la de familias que, ante la falta de respuesta oficial, se organizan en brigadas para rastrear fosas clandestinas con sus propios recursos.
El informe oficial muestra un panorama fragmentado: 46 mil 724 registros carecen de datos mínimos, lo que impide iniciar su búsqueda; 40 mil 308 presentan actividad posterior a la desaparición —como trámites en el INE, SAT o matrimonios—, lo que sugiere posibles errores administrativos; y 43 mil 128 casos cuentan con información completa, pero las personas aún no han sido localizadas.
El propio Gobierno reconoce que el problema es estructural. Antes de la reforma de 2025 no se exigían datos básicos al reportar desapariciones, por lo que miles de registros nacieron incompletos.
Hoy, esa omisión dificulta reconstruir pistas clave como el último paradero, el contexto o incluso la identidad de la persona.
Frente a este escenario, la administración de Claudia Sheinbaum impulsa una Estrategia de Búsqueda y Localización, que apuesta por el cruce de las bases de datos.
El plan contempla dos rutas: contactar directamente a personas con registros activos o, en ausencia de datos, solicitar información a instituciones como el INE o compañías telefónicas. A partir de ello, se realizan visitas domiciliarias para confirmar si la persona sigue con vida.
Esta estrategia ha permitido ubicar a más de cinco mil personas y actualizar su estatus.
LOS CUESTIONAMIENTOS
Lo anterior genera cuestionamientos. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advierten que reducir la crisis a registros con datos completos distorsiona la magnitud real del problema. Señalan que los más de 46 mil casos sin información suficiente quedan, en los hechos, sin búsqueda activa, trasladando la responsabilidad a las familias.
Además, alertan sobre la falta de transparencia en la metodología oficial. ¿Cómo se determina que una persona tuvo actividad posterior a su desaparición? ¿Qué criterios definen que un caso no está vinculado a un delito? Sin respuestas claras, sostienen, el riesgo es minimizar el problema.
Expertos también cuestionan el bajo número de investigaciones formales: de los más de 43 mil casos con datos completos, apenas tres mil 869 cuentan con carpeta de investigación. En un país donde la cifra negra supera el 90%, advierten, esto no refleja una ausencia de delito, sino obstáculos para denunciar y fallas en las Fiscalías estatales.
Por su parte, Amnistía Internacional reconoció avances en las labores de búsqueda, pero consideró que son insuficientes frente a la magnitud del problema. La organización pidió que la revisión del Registro Nacional se realice con metodologías científicas, análisis de datos y apertura total del proceso.
Asimismo, planteó garantizar la participación de familiares de víctimas, organizaciones civiles y especialistas en la construcción de estrategias, al considerar que su inclusión es clave para fortalecer la confianza en las cifras oficiales.
