Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de AP en “La Jornada”)
Ciudad de México, a 26 de junio de 2026.- La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos solicitó ayer al Departamento de Justicia investigar las denuncias de un informante, según las cuales integrantes de la agencia permitieron que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México.
La petición se efectuó después de que una investigación de The Associated Press encontró que los agentes vigilaron repetidamente –pero no incautaron– grandes cargamentos del opioide sintético, en un intento por construir casos penales de mayor envergadura entre 2023 y 2025.
En una carta enviada ayer al inspector general del Departamento de Justicia, el administrador de la DEA, Terry Cole, escribió que es necesaria una investigación interna porque “las acusaciones han generado una atención pública significativa y han suscitado interrogantes sobre las decisiones operativas de la DEA, la supervisión por parte de los directivos y la respuesta a las preocupaciones”.
En un comunicado público, Cole señaló que su solicitud “no debe interpretarse como falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la DEA, ni en las decisiones de investigación tomadas en este asunto”.
Agentes actuales y antiguos de la DEA revelaron a la Ap que la estrategia de dejar que los analgésicos falsificados “circulen” pone en riesgo la seguridad pública en un estado devastado por la epidemia de fentanilo y que podría haber violado normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades de una droga que la Casa Blanca designó el año pasado como un “arma de destrucción masiva”.
La investigación de la Ap citó a tres agentes actuales y antiguos, así como registros gubernamentales, incluido un informe interno sobre una entrega de 74 mil pastillas en 2023 que la DEA observó mientras ocurría en un parque de casas móviles en Albuquerque. Uno de esos oficiales, David Howell, planteó por primera vez serias preocupaciones sobre esta estrategia en una denuncia interna en 2023. Siguió expresando sus objeciones internamente y habló extensamente con la Ap sobre lo que describió como una estrategia que “envenenó a nuestra comunidad para armar casos”.
En una declaración anterior a la Ap, un portavoz de la DEA afirmó: “las descripciones públicas que plantean que la agencia permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan de manera fundamental los hechos”.
La solicitud de la DEA sobre la investigación llega apenas un día después de que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, pidió al fiscal general estatal que examine si las acciones de la agencia violaron la ley del estado, un desafío extraordinario a una agencia federal en un momento en que el fentanilo sigue siendo una de las amenazas de salud pública más mortales de Estados Unidos.
“No hay palabras para describir lo temerarias y peligrosas que fueron estas decisiones”, manifestó Lujan Grisham en un comunicado. “Que no haya dudas: la DEA sabía que la gente moriría si estas pastillas llegaban a las comunidades de Nuevo México y aun así la agencia dejó que ocurriera”.
El Departamento de Justicia expresó en un comunicado que acoge con beneplácito una alianza con los gobernantes de Nuevo México para mantener seguro al estado.
“Proteger al público requiere más que abordar transacciones individuales a medida que ocurren”, declaró en el texto. “Requiere identificar las fuentes de suministro, a las personas que dirigen la actividad criminal y a las organizaciones responsables de trasladar drogas peligrosas a nuestras comunidades”.
