Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de “La Silla Rota”)
Ciudad de México, a 3 de abril de 2026.- El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó este jueves a Naciones Unidas que considere medidas destinadas a apoyar al Gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de este delito, perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad.
«El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
En un comunicado, el comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados.
A pesar de las medidas adoptadas desde que miembros de este comité visitaran México en 2021, «la situación no ha mostrado una mejora sustancial», lamentó.
Agregó que «las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y siguen siendo urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones”.
El comité indicó que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la guerra contra las drogas a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos.
Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo.
La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General.
Las medidas que podría adoptar ese órgano, según el comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado.
MÉXICO RECHAZA
El gobierno de México rechazó el documento del Comité de la ONU, al considerar que presenta un enfoque “tendencioso” y no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones entregadas por el Estado mexicano. A través de un comunicado, las autoridades señalaron que los argumentos del organismo internacional no coinciden con la definición de desaparición forzada establecida por el propio comité, ni reflejan los avances institucionales alcanzados desde 2019 y, en particular, a partir de 2025.
El posicionamiento oficial subraya que el mecanismo de la Convención Internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, acompañado de una negativa a investigar o cooperar, condiciones que no corresponden a la realidad actual del país. Además, el gobierno sostuvo que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y en solo cuatro entidades, por lo que calificó la decisión del Comité como “parcial y sesgada”.
Asimismo, destacó que el propio Comité reconoce en su resolución que no existen indicios de una política federal orientada a cometer ataques sistemáticos contra la población civil, lo que, según el gobierno, refleja un contexto distinto al de periodos pasados. En ese sentido, también cuestionó la “falta de rigor jurídico” en la argumentación del organismo, así como posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
El Gobierno de México reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y defendió las reformas legislativas e institucionales implementadas recientemente. Entre ellas, destacó la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República.
Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su disposición a mantener la cooperación con organismos internacionales, pero subrayó que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país. También reiteró su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, así como con la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
