Néstor Y. Sánchez Islas
La discusión sobre una nueva ley de expropiación en Oaxaca es, también, en el fondo, un debate sobre la relación entre el individuo y el poder. Cada intento por ampliar las facultades del Estado para apropiarse de bienes privados revive una vieja tensión en la historia de México: la que enfrenta la libertad individual con la vocación de autoritaria del populismo.
El origen de esta disputa se remonta a la Constitución de 1917. Figuras como Venustiano Carranza intentaron preservar una tradición liberal que reconocía la propiedad como un derecho inherente al individuo, heredada del siglo XIX juarista. Sin embargo, el empuje de sectores más radicales, representados por Francisco J. Múgica, terminaron por imponer el actual artículo 27, que establece que la propiedad de la tierra y los recursos corresponde originariamente a la Nación: el colectivismo por mandato constitucional.
No es un detalle menor. Implicó abandonar la idea de que el Estado protege la propiedad para sustituirla por otra en la que el Estado la concede. Desde entonces, los ciudadanos dejamos de ser propietarios plenos para convertirnos, en la práctica, en administradores de bienes cuya titularidad última reside en el poder público.
La nueva ley de expropiación en Oaxaca debe leerse bajo esa óptica. No es una innovación aislada, sino la continuación de un andamiaje jurídico que permite al Estado intervenir —y eventualmente despojar— bajo criterios tan ambiguos como la “utilidad pública” o la “función social”. Conceptos que, aunque suenan nobles, carecen de límites claros y quedan a merced de la interpretación del gobernante en turno.
Ahí está el detalle central: cuando la ley depende de la voluntad política, deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en una herramienta de poder. La expropiación no solo transfiere bienes; envía un mensaje contundente. Dice, sin rodeos, que en Oaxacala propiedad privada es frágil y condicionada.
Las consecuencias son previsibles. La incertidumbre jurídica ahuyenta la inversión, frena el desarrollo y complica el futuro. Ningún empresario —grande o pequeño— arriesga su capital en un entorno donde el Estado puede redefinir, en cualquier momento, qué es “socialmente útil” y qué no. Oaxaca, una entidad que ya enfrenta rezagos ancestrales, no puede darse el lujo de erosionar aún más la confianza.
Pero hay algo más profundo que el impacto económico. La expropiación, tal como se plantea, introduce un componente de revancha política y contra la dignidad de las personas. Cuando el Estado paga indemnizaciones basadas en valores catastrales —muy por debajo del mercado— no compensa: castiga. Se disfraza de legalidad lo que, en esencia, es un despojo en despoblado para la gente.
Este mecanismo alimenta una narrativa peligrosa: la idea de que despojar al “propietario” es un acto de justicia. Es una ilusión. La historia demuestra que empobrecer a unos no enriquece a otros, solo generaliza la precariedad. La satisfacción momentánea de ver caer al “privilegiado” suele ser el preludio de un entorno dictatorial en donde nadie tiene garantías
El problema se agrava por la apropiación de los tres poderes en manos del ejecutivo. En Oaxaca, donde el poder judicial carece de autonomía efectiva, la expropiación deja de ser una medida excepcional para convertirse en un instrumento de control. No se trata ya de utilidad pública, sino de conveniencia política.
Desde la perspectiva ética, el asunto es aún peor. La propiedad privada no es solo un bien material: es el fruto del trabajo, del tiempo y del esfuerzo de una persona. Confiscarla equivale, en cierta medida, a apropiarse de una parte de su vida. Como advertía Immanuel Kant, el ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo, nunca como un medio. La expropiación arbitraria invierte ese principio: nos transforma en meros instrumentos de los fines del Estado.
Oaxaca enfrenta una disyuntiva. Podemos optar por fortalecer un modelo democrático donde el Estado actúe como garante de derechos, o avanzar hacia un esquema donde el poder público sea, al mismo tiempo, juez, parte y beneficiario. La diferencia no es menor: en el primer caso hay ciudadanos libres; en el segundo, súbditos condicionados.
La nueva ley de expropiación no debería evaluarse por sus intenciones declaradas, sino por sus resultados y efectos previsibles. Y estos apuntan en una dirección clara: mayor concentración de poder, menor certidumbre jurídica y un desgaste progresivo de nuestra libertad económica.
En nombre de la utilidad pública, se corre el riesgo de vaciar de contenido el derecho de propiedad. Y cuando ese derecho se debilita, lo que está en juego no es solo el patrimonio de algunos, sino la libertad de todos.
Expropiación es corrupción.
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