Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 8 de abril de 2026.- A una década de enfrentar los procesos judiciales y la persecución política, 50 personas de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón y sus familias ganaron un amparo en contra de las 200 órdenes de aprehensión emitidas a raíz de las denuncias de la diputada Elisa Zepeda por presuntos delitos como el de incendio y robo calificado con violencia por equiparación.
La comunidad buscará ahora la destitución de la legisladora local, así como su expulsión del partido Morena. Previo a esto presentarán una queja masiva por violaciones a sus derechos humanos, debido a la persecución política por parte del Estado y por la fabricación de delitos de parte de la legisladora.
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el 31 de marzo de 2025 por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en relación con el expediente 16/2016, pero «ignorando al menos nueve resoluciones previas que ya habían establecido la inexistencia de los delitos imputados», explicaron este miércoles la abogada mazateca Argelia Betanzos y sus compañeros de Eloxochitlán.
En conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno, en la ciudad de Oaxaca, la también integrante del colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad, señaló que los jueces nunca han podido demostrar las acusaciones de Elisa Zepeda Lagunas, diputada local por Morena y ex secretaria de las Mujeres de Oaxaca.
Los señalamientos de la legisladora en contra de las mujeres y hombres mazateca se basan en la confrontación de diciembre de 2014 en Eloxochitlán, en donde falleció su hermano, Manuel Zepeda Lagunas. La comunidad ha identificado a la familia Zepeda como caciques que han ostentado el poder político en la comunidad y que han lucrado con el río Xangá Ndá Ge y han criminalización a Eloxochitlán por defender el afluente.
Betanzos señaló que fue la jueza sexta de Distrito de Boca del Río, Veracruz, Alba Lorena Barrales Oviedo, quien al resolver el juicio de amparo 941/2025, les concedió la protección de la justicia federal, al reconocer que las 200 órdenes de aprehensión «carecían de sustento, al establecer que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca culpó a las y los mazatecos sin lograr demostrar que realmente existan los delitos que la Fiscalía los consignó».
Sin embargo, hasta este día se esperaba que la resolución de fecha 19 de marzo no tuviera impugnación de la contraparte.
Betanzos expuso que la decisión de la jueza «es congruente con la reciente sentencia histórica a favor del antropólogo Miguel Peralta, donde se demostró que los señalamientos en su contra eran genéricos, vagos y carentes de fiabilidad probatoria, donde los magistrados federales han confirmado que no se pueden sostener condenas basadas en relatos inverosímiles, testimonios contradictorios y en la falta de individualización de las conductas».
Tras ganar el amparo en contra de las 200 órdenes de aprehendido, la comunidad exigió a la Segunda Sala Penal de Oaxaca del Tribunal Superior de Justicia cancelar formalmente las órdenes de aprehensión contra las 50 personas mazatecas. Además de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca desista de todas las acusaciones restantes, tras demostrarse que los delitos fueron fabricados.
«Se exige la destitución de la diputada Elisa Zepeda y que se detenga la complicidad del gobernador Salomón Jara en las violaciones a los derechos humanos de la comunidad», expresaron.
Asimismo, señalaron que seguirán en la lucha por conseguir la libertad total, pues aunque a la fecha ya no hay ningún compañero en prisión, todavía hay quienes enfrentan acusaciones por los delitos señalados por la diputada y su padre.
