Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de Infobae México)
Ciudad de México, a 4 de mayo de 2026.- El New York Times publicó este domingo un extenso análisis sobre el indiciamiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el que el influyente diario estadounidense plantea que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una “encrucijada histórica”: actuar contra la corrupción dentro de su propio movimiento o proteger la unidad política de Morena.
Lo que el texto no menciona con la misma contundencia es el contexto completo en el que explota este escándalo. La administración Trump ha intensificado su estrategia de presión sobre gobiernos latinoamericanos considerados hostiles a Washington: ha amenazado con intervenciones militares en México bajo el pretexto del combate al narcotráfico, ha usado el comercio como palanca de negociación con la revisión del T-MEC a punto de arrancar formalmente, y ha desplegado una política exterior en la región que mezcla sanciones, indiciamientos y presión mediática según sus propios intereses geopolíticos.
El propio NYT reconoce que “algunos mexicanos han cuestionado” si el gobierno estadounidense realmente tiene interés en combatir el narcotráfico, considerando que el presidente Trump indultó recientemente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en suelo estadounidense por ayudar a introducir drogas de contrabando al país.
El miércoles pasado, fiscales estadounidenses dieron a conocer un indiciamiento que describe años de presunta colusión entre el Cártel de Sinaloa, Rocha Moya y otros diez funcionarios, en el que los líderes del cartel habrían entregado sobornos y votos a cambio de impunidad.
El NYT recuerda que las sospechas sobre Rocha Moya no son nuevas. En 2024, el cofundador del Cártel de Sinaloa declaró tras su detención que creía ir a una reunión con el propio gobernador. Sin embargo, el diario también reconoce que el gobierno mexicano ya había evaluado investigar a Rocha Moya antes del indiciamiento y concluyó que no había evidencia suficiente para proceder.
Desde que se conoció el indiciamiento, la presidenta ha tomado una serie de decisiones. Rechazó la solicitud de arresto presentada por Washington argumentando falta de evidencia suficiente, anunció que la Fiscalía General de la República investigará el caso de forma independiente y advirtió que si no se encontrara sustento a las acusaciones, su gobierno consideraría el indiciamiento como una intromisión en la soberanía nacional.
“Cooperamos y coordinamos con Estados Unidos, pero nunca nos vamos a subordinar, porque eso es un asunto de dignidad”, declaró ante la prensa.
El NYT describe esta postura como “cautela calculada”, mientras que el gobierno mexicano la presenta como el ejercicio de su soberanía. Son dos lecturas del mismo hecho.
