Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 4 de mayo de 2026.- “El Presidente va a terminar su periodo de gobierno; la pista ya se le está acabando.
“Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con la delincuencia y que eso le otorga mayor poder… Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable”.
Esa advertencia la hizo el neomorenista y viejo político de izquierda, fundador del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, a mediados del año 2022.
Pero nadie en Morena le hizo caso, porque, según vox populi, Claudia Sheinbaum Pardo tiene que cargar, sigue cargando, esa herencia, ese lastre, que está llevando al país al precipicio de la violencia, con el reinado del crimen organizado en todo el territorio nacional.
Y una muestra: vino una cascada de acusaciones de Estados Unidos y, aunque de manera temporal, provocó que un gobernador, Rubén Rocha Moya, ya cayera.
Es el resultado de los señalamientos, muy graves, del gobierno del gobierno norteamericano en contra de 10 políticos, la mayoría del partido Morena, que están o estarían ligados con el narcotráfico.
Curiosamente, ahora no hubo desplegados ni de la Conferencia Nacional de Gobernadores ni del Partido Morena ni de los mandatarios morenistas para respaldar a Rocha Moya, cercano de Andrés Manuel López Obrador.
LA ACUSACIÓN
Como es sabido y difundido ampliamente por todos los medios informativos y redes sociales, el pasado 29 de abril la fiscalía con sede en Nueva York dio a conocer un comunicado en que se detalla los nombres de 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, así como un senador, de estar vinculados o proteger al crimen organizado.
Entre ellos está el mandatario morenita Rubén Rocha Moya quien habría pactado con el cártel de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, para que pudiera ganar la elección a la gubernatura, en 2021.
Según el fiscal federal Jay Clayton y la Administración para el Control de Drogas ( DEA), los acusados habrían utilizado sus cargos de alta jerarquía para facilitar la importación masiva de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas desde México hacia territorio estadounidense.
Sostiene que esta red de corrupción no solo permitió el libre tránsito de narcóticos, sino que convirtió a las instituciones públicas de Sinaloa en un brazo logístico y de protección para la organización criminal, a cambio de millonarios sobornos.
Los acusados:
1. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
2. Enrique Inzunza Cázarez, senador y exfuncionario de Sinaloa.
3. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
4. Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
5. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
6. Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
7. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
8. José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
9. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
10. Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
LA NEGACIÓN
Claro está que los principales de ellos han negado los cargos e incluso el gobierno federal los ha protegido, cuando menos de manera declarativa.
Sin embargo, al tratarse de una petición formal del gobierno norteamericano, la Fiscalía General de la República ha tenido que iniciar procedimientos de investigación, aunque esta institución también insiste que no hay pruebas, cuando su primer deber es investigar, no defender.
No obstante, tanto el gobernador Rocha Moya como el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, tuvieron que pedir licencia al cargo… y quizá sea definitiva.
En cambio, el senador Enrique Inzunza, se fue a refugiar a su natal Badiraguato pero asegura que volverá al Senado, pues forma parte de la Comisión Permanente.
La Presidenta Sheinbaum ha sido cauta y ha dicho que no acepta injerencias, sin defender de manera directa a los acusados. Sería hasta este lunes en que daría su propia versión de los hechos.
Como dijimos al inicio, no ha habido pronunciamientos grupales ni de los morenistas ni de los gobernadores ni de los legisladores hacia Rocha Moya y los señalados, más que algunas declaraciones a los medios de comunicación.
No es que el gobierno de Donald Trump sea la panacea pero ha puesto en un brete al gobierno de México no solamente con los señalamientos, sino para obligarlos a combatir el narcotráfico, bajo el pretexto de que México envenena a Estados Unidos con la droga.
Ahí está la injerencia en el gobierno panista de Chihuahua, con la incursión y participación de agentes de la CIA en operativos contra la droga. Ahí está el decomiso de más de dos toneladas de cocaína en aguas del litoral de Oaxaca, el fin de semana.
Y no es que aceptemos la invasión norteamericana y/o la solicitemos, pero hasta ahora es un hecho que nuestra nación se ha visto obligada a combatir el flagelo del narco. Y no hay marcha atrás.
¿CUÁNTOS MÁS?
Evidentemente que no son los únicos funcionarios, ex funcionarios o políticos que podrían estar involucrados con el crimen organizado. Como ya se ha dicho en este espacio, en elecciones municipales, estatales y/o nacionales (declaración de Muñoz Ledo), la mafia ha estado involucrada, se ha echado mano de ella, para ganar comicios.
En menos de una década, el Partido Morena gobierna ya prácticamente todo el país y eso no es gratuito, si no se cuenta con el apoyo, económico y masivo de los grupos criminales, disfrazados de sindicatos de trabajadores y de transportistas (como ocurre en Oaxaca)
En nuestro estado, ¿cuándo se actuará de manera contundente en contra de políticos o funcionarios involucrados en asuntos ilícitos.
Juchitán es un ejemplo donde no hay día en que no ocurran asesinatos, como el de la noche del domingo de un niño de ocho años, y las autoridades locales son responsables, al menos por omisión, y por dignidad ya debieron haber renunciado o pedido licencia.
Insistimos, no queremos la invasión norteamericana pero las presiones de Trump están revelando día con día la pudrición que hay en México en todos los ámbitos, incluyendo, por supuesto, el político-gubernamental.
¿Morena y los morenista seguirán defendiendo a los delincuentes? O se dejarán destapar y atrapar.
