Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 15 de mayo de 2026.- El gobierno de Oaxaca confirmó la detención de Macario García Merino, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), al ser señalado de haber realizado disparos de arma de fuego.
En un comunicado, expuso que elementos de la Policía Estatal, quienes privaron de la libertad a quien fue señalado de realizar detonaciones de arma de fuego desde su domicilio en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, “alterando el orden y poniendo en riesgo a la ciudadanía”.
Expuso que en un filtro preventivo, elementos estatales auxiliaron a un ciudadano que denunció los disparos efectuados por el implicado y su hijo.
“Ante ello, mediante el uso legítimo de la fuerza, se logró asegurar a Macario G. M., informándole el motivo de su detención. Cabe hacer mención que, al retirarse del lugar, los uniformados fueron agredidos con disparos por parte del hijo del sospechoso”.
Agregó que detenido fue trasladado a la ciudad de Oaxaca de Juárez y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para determinar su situación jurídica.
TIENE MEDIDAS CAUTELARES
En un comunicado, el MULTI y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), expuso que “con lujo de violencia, aproximadamente 20 elementos de la Policía Estatal de Oaxaca han asaltado el domicilio de nuestro dirigente, Macario García Merino, sustrayéndolo de forma arbitraria y violenta”.
“Este no es solo un ataque contra un hombre; es un desafío frontal al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Macario García Merino es beneficiario de la Medida Cautelar MC-279-22 otorgada por la CIDH. Apenas el pasado 29 de abril de 2026, el Estado Mexicano se comprometió formalmente a cumplir y respetar dichas medidas. Hoy, esa promesa ha sido bañada en sangre y autoritarismo”, agregaron.
Agregaron que es inadmisible que “mientras se simulan mesas de concertación, las camionetas de la Policía Estatal actúen como grupos de choque para silenciar a los representantes de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala”.
Pidieron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para elevar las medidas cautelares a provisionales, “ante la incapacidad y dolo del Estado mexicano”.
