Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 22 de mayo de 2026.- La defensa jurídica del empresario y exlegislador Juan Antonio Vera Carrizal acusó formalmente una presunta «politización» en el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando de manera directa al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz por intentar reabrir la facultad de atracción de un expediente que ya había sido devuelto a la jurisdicción del estado de Oaxaca.
El abogado defensor Édgar López García externó la inconformidad del equipo legal ante lo que calificaron como una «falsa narrativa» por parte de la presunta víctima (María Elena R. O.), argumentando que se está doblegando el criterio del Máximo Tribunal del país por presiones políticas y mediáticas.
López García lamentó que, a pesar de existir un fallo previo del pleno de la SCJN —donde por una mayoría de cinco votos contra tres se determinó no conocer del caso y regresar los expedientes a los tribunales colegiados locales—, el ministro Hugo Aguilar insista en que la Corte vuelva a revisar el asunto.
«Lamentamos mucho su postura. ¿Cómo es posible que de nueva cuenta solicite que la Corte conozca del caso, si por mayoría de votos el pleno ya determinó no conocerlo? Esto ya no es justicia», recriminó el litigante, quien además subrayó el origen oaxaqueño del ministro Aguilar, calificando como «lastimoso» su actuar para con sus paisanos.
La defensa recordó que el 14 de agosto de 2024, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento en Oaxaca emitió una boleta de libertad tras declarar inocente a Vera Carrizal al considerar que no hubo pruebas suficientes en su contra.
No obstante, dicha orden fue cancelada por la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, manteniendo al imputado en prisión.
Los abogados defensores detallaron una serie de diferimientos y dilaciones en la resolución del caso por parte del Poder Judicial de la Federación, enlistando las fechas en que supuestamente debió emitirse un veredicto definitivo:
3 de junio (Fecha inicial proyectada)
31 de marzo de 2026
14 de abril de 2026
14 de mayo de 2026
Tras esta cadena de aplazamientos, criticaron que el destino procesal de su representado continúe en la incertidumbre debido a los vaivenes dentro de la Suprema Corte, exigiendo que se respete la autonomía de los tribunales estatales y se ponga fin a las determinaciones que, a su juicio, responden a intereses ajenos al marco estrictamente jurídico.
