Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 1 de junio de 2026.- Al considerar que «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige al Estado mexicano reforzar la búsqueda del ingeniero oaxaqueño Pablo Osorio Sánchez, desaparecido desde el 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.
Pablo, originario de Tlaxiaco, desapareció el mismo día en el que fueron desaparecidos varios ingenieros y profesionales en la zona. Días después, las autoridades hallaron una fosa clandestina.
El 25 de mayo, la CIDH adoptó la resolución No. 41/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Pablo Osorio Sánchez para que el gobierno refuerce su búsqueda, «puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en México».
En un boletín, la CIDH señaló que de acuerdo con la solicitud de la familia, que ha sido acompañada por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi), el ingeniero civil de 26 años se encontraba trabajando en La Concordia, estado de Sinaloa.
Sin embargo, el 23 de enero de 2026 cerca de las 7.30 a.m., mientras hablaba por teléfono con su novia, cerca de su domicilio, Pablo fue retenido por “voces masculinas”. Su pareja alcanzó a oír, desde el otro lado del teléfono, que el beneficiario decía “lo podemos arreglar” y colgaron. Desde entonces, se encuentra desaparecido», refiere la comisión.
Hasta ahora, como refiere la comisión y como ha señalado Cedhapi, no se ha realizado la confrontación de muestras de ADN con la familia de Pablo.
El pasado 22 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a la madre del joven y sus asesores jurídicos las fotografías de los posibles restos. Sin embargo, tras una primera fase de la diligencia de identificación, en el Centro Federal Pericial Forense, en la Ciudad de México, la madre del joven originario de Tlaxiaco consideró que los restos no correspondían a él.
Maurilio Santiago Reyes, presidente de Cedhapi, explicó que la madre y los asesores jurídicos de la asociación civil pidieron suspender la diligencia para solicitar la opinión de peritos independientes antes de aceptar la entrega de los restos humanos encontrados en la fosa dos e identificado como “C”, en el Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa.
De acuerdo con el boletín de la CIDH, el Estado mexicano ha dicho que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición de Pablo, «las autoridades estatales y federales han realizado acciones tendientes a dar con su paradero y con las personas responsables», y bajo «estándares internacionales de inmediatez y exhaustividad».
Tras analizar las alegaciones, la Comisión «evaluó como crucial el fortalecimiento de las acciones de búsqueda a partir de la información que se obtenga de las eventuales personas ligadas a la investigación, así como de los resultados de las confrontas genéticas pendientes».
Además de que sea un plan de búsqueda «con resultados medibles y un cronograma definido, de conformidad con los estándares internacionales aplicables y en el marco de la Acción Urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada. En particular, dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión interinstitucional del 13 de febrero de 2026 y adoptar medidas efectivas para la realización y pronta obtención de resultados de las confrontas de muestras genéticas pendientes; concierte las medidas a implementarse con sus familiares y su representación; e nforme sobre las acciones adoptadas a fin de investigar con la debida diligencia los hechos que dieron lugar a la presente resolución y evitar su repetición».
