Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 18 de junio de 2026.- Por carecer de la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental regional (MIA-R), de permisos de cambio de uso de suelo y por no promover una participación pública efectiva, un juez federal ordenó la suspensión de la construcción de la presa “Mujer Solteca”/“Margarita Maza” (antes “Paso Ancho”).
La decisión del Juzgado Segundo de Distrito fue a raíz del amparo que interpuso el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA), que integra a 28 organizaciones sociales y académicas.
Este jueves, integrante del OCCAMA informaron que la resolución implica el acatamiento por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno de Oaxaca (este último a través de ma Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, Ceabien).
Antes de la resolución del amparo del OCCAMA, la asociación civil Litigio Estratégico Indígena y el artista Markoa Vásquez también interpusieron el 12 de este mes otro amparo contra la obra, por lo que se espera una decisión similar por parte del Poder Judicial al respecto.
Además de la falta de la MIA, el observatorio advirtió que este meta proyecto, parte del Plan Nacional Hídrico, tendrá un sobre costo de más de 30 mil millones de pesos: 15 mil 944 millones de pesos para su construcción, además de 10 mil 044 millones de pesos por costos de operación y cuatro 304 millones en mantenimiento, de acuerdo con los documentos de la Conagua que citó la activista Yésica Sánchez Maya, de la organización Consorcio.
Los más de 30 mil millones de pesos son casi a la cuarta parte (24.7 por ciento), de los 122 mil 600 millones que ha contempla el Gobierno de México para todo el Plan Nacional Hídrico, dijo Maya, al apuntar que las autoridades también han advertido que la disponibilidad del agua del río Sola (donde se hará la presa) sea menos que la estimada.
Ariel Morales, de la organización Servicios Comunitarios, señaló que la suspensión concedida por el juzgado es una medida de protección del interés público, ya que no solo evita que continúe un proyecto que incumple con la normativa ambiental sino que abre la posibilidad para que la ciudadanía revise un presupuesto millonario para una sola presa y que este recurso se destine a otras acciones para atender el desabasto o mala gestión hídrica en Oaxaca.
