Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 7 de marzo de 2020.- Acabar con la impunidad que prevalece en los procesos penales y generar materia de responsabilidad a Jueces, juezas, magistrados, magistradas y a agentes del Ministerio Público en Oaxaca, es el objetivo principal de la reciente iniciativa presentada por el diputado por el Partido del Trabajo, Cesar Morales Niño.
Así lo dio a conocer en tribuna el pasado miércoles en sesión ordinaria, donde planteó adicionar la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.
La propuesta del diputado incluye adicionar un segundo párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca a fin de sancionar de forma ejemplar –incluso con la destitución del cargo- a quienes incurran en prácticas que fomenten la impunidad y actúen de forma distinta a la recta aplicación de la justicia.
El legislador aseguró que en la actualidad la impunidad incentiva a que existan acuerdos políticos, con organizaciones sociales, con sindicatos y grupos de poder, entre otros, para que los procesos penales sean motivo de negociaciones, para integrar indebidamente las carpetas de investigación y permitir errores evidentes en las etapas del juicio oral.
Lo anterior provoca que cuando los expedientes son revisados por un tribunal federal se encuentren “violaciones procesales”, siendo el camino ideal para liberar a quienes han infringido la ley, agraviado a la sociedad y a las familias oaxaqueñas.
“Con la iniciativa presentada se garantizará que, en todas actuaciones del Ministerio Público, jueces, juezas, magistrados y magistradas, protegerán los derechos humanos y garantías fundamentales de las víctimas, ofendidos y/o imputados, vigilando que en todas las etapas del proceso penal acusatorio se actúe con imparcialidad y transparencia en los procedimientos jurisdiccionales”, cita el documento.
Morales Niño detalló que en caso de advertirse que la actuación de los juzgadores y juzgadoras no se ajusta a las condiciones racionalidad y legalidad, ya sea por acción u omisión, será considerada como arbitraria, colusión de funcionarios, complicidad, y se sujetará a las disposiciones que en la materia penal corresponda.
Ello a fin de erradicar prácticas de corrupción como la colusión de funcionarios con alguna de las partes en perjuicio de justicia y del interés público; así como brindar a las partes contendientes en un proceso judicial, la garantía de que serán juzgados en un juicio imparcial y justo.
“Esta reforma busca erradicar la impunidad que se genera con las prácticas judiciales erróneas, lo cual genera corrupción en su doble aspecto, como práctica activa en contubernio con alguna de las partes, o en la vertiente de desempeñar un cargo judicial para el que no tienen la formación ni capacidad jurídica.
Finalmente, recordó que actualmente, si el Ministerio Público, los juzgadores y juzgadoras se equivocan judicialmente en forma reiterada y evidente, no existen mecanismos expresos para exigirles responsabilidad, el actual modelo sancionatorio es débil e ineficiente.
“Es fundamental fortalecer el marco normativo sancionatorio para que las y los gobernados tengan elementos jurídicos para exigir una justicia pronta, expedita, eficaz, y honesta, así como para que sus asuntos en litigio sean conocidos por jueces altamente responsables y capacitados”, sentenció.
