Evlin Aragón/
Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de marzo de 2020.- Selene Georgina Padilla Cedillo presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en contra de la jueza Primero de lo Familiar, Leticia Meneses Concha, así como de la agente del Ministerio Público, María Magdalena Sandoval, por actos de violencia institucional de los que ha sido víctima recientemente.
De acuerdo con la denunciante, tras un proceso de divorcio, tiene que compartir la custodia de su hijo con su ex pareja, a quien la jueza ha favorecido desde un inicio, pese a las denuncias de amenazas que ha realizado de quedarse con el menor y no dejar que veo más su madre.
“Yo le he hecho saber a la juez que yo estoy en la zozobra, con el miedo, le he mostrado las capturas de pantalla donde esta persona me manda seguir, me acosa, me amenaza con que me quitara a mi hijo… ella me dice que la zozobra es cosa del pasado y que la convivencia se tiene que seguir llevando a cabo de lo contrario me quitará a mi hijo y se lo dará al papá”, indicó en conferencia de prensa.
Desde el inicio del procedimiento, en el expediente se han hecho constar informes sobre los diferentes tipos de violencia ejercida por su ex pareja Felipe Vásquez Cano, incluidas las amenazas anteriormente citadas, mismas que no han sido consideradas por la jueza pese a la insistencia de la joven mujer.
Por lo anterior, se siente vulnerable en estos momentos al ser víctima de amenazas por su ex pareja y encima de violencia institucional por parte de las autoridades que deberían ser neutrales ante estos casos y no inclinarse por una de las dos partes que comparten la custodia, razón por la que decidió acudir a otras instancias como la Defensoría oaxaqueña.
“Yo no quiero ser parte de las cifras de mujeres que ahorita ya no pueden regresar a sus casas… No me extrañaría que el papá de mi hijo utilice su dinero para tener a las autoridades de su lado”, argumentó.
Y es que, de acuerdo con el relato, la ex pareja de la joven es dueño de Laboratorios San Francisco, empresa que tiene convenio con el Gobierno de Oaxaca lo que ha derivado en omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado cuyo personal la hizo dudar en cuanto presentar o no la denuncia para iniciar el proceso de divorcio.
Por ello, no dudó en que esté utilizando sus recursos económicos y políticos para verse favorecido por las autoridades que están dejando atrás la legalidad con la deberían conducirse en cualquier tipo de casos y no sólo en este de forma exclusiva.
Finalmente puso de manifiesto que desde el momento de la separación con su ex pareja -hace un año- se enfrentó a todo tipo de difamaciones y violencia económica, por lo que intervinieron peritos para determinar que dichos relacionados a que golpeaba a su hijo y consumía drogas no eran ciertos.
