Redacción/Estado 20.
Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de mayo de 2020.- En los primeros tres años del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, 78 personas fueron asesinadas, 68 heridas y 12 desaparecidas por asuntos presuntamente vinculados a conflictos agrarios en diferentes comunidades del estado.
Mientras que de acuerdo con la misma Secretaría General de Gobierno (Segego) en Oaxaca, están vigentes poco más de 400 conflictos agrarios o de límites, principalmente concentrados en las regiones Valles Centrales, Mixteca y Sierra Sur.
Al estado se le reconoce una superficie total de 9 millones 536 mil 400 hectáreas, de las cuales siete millones 784 mil 695 corresponden al régimen de la propiedad social o tierras comunales o ejidales y solo un millón 751 mil 705 hectáreas conformarían la superficie de propiedad privada.
Es decir, el 81.3 por ciento del territorio estatal se encuentra bajo el régimen ejidal o comunal y solo el 18.37 puede catalogarse como propiedad privada; la propiedad social se encuentra acreditada a favor de 1,588 núcleos agrarios, en donde 853 son ejidos y 735 son comunidades agrarias, según la información oficial.
Además, de los tres millones 801 mil 962 habitantes, solamente 394 mil 652 se encuentran registrados legalmente como ejidatarios o comuneros y de estos últimos alrededor del 50% se trata personas que ya fallecieron.
Para el líder de la organización Unidad, Identidad y Raíces de Oaxaca (UNIR), Efraín Solano Alinarez, estas cifras explican la permanente conflictividad que se manifiesta en el estado motivada generalmente por la defensa del territorio e indican que el régimen de propiedad colectiva y la existencia de pueblos indígenas son el primer reto a resolver en los conflictos en el territorio oaxaqueño.
Entre las causas, advierte que si bien el territorio forma parte de la identidad de una población en el momento de clarificar los derechos de propiedad los miembros de una comunidad no logran diferenciar los tres tipos de propiedad, los criterios excluyentes ni los límites técnicos jurídicos que prevalecen sobre las pretensiones históricas.
“Así como la contradicción de derechos que se manifiesta en la lucha de quienes habiendo perdido o no haber logrado acreditar el derecho que reclaman, buscan con sus títulos primordiales acreditar las tierras que pretenden; y en el proceso del reparto de tierras hubo un crecimiento desordenado de los asentamientos humanos, propiciando que las líneas de colindancia fueran surgiendo asentamientos en donde el territorio ejidal o comunal, no correspondía administrativamente al mismo municipio del núcleo propietario de las tierras.
“Uno de los problemas más álgidos es cuando se enfrentan quienes se ostentan como pequeños propietarios con los comuneros que se amparan con su Resolución Presidencial, como es el caso de Los Chimalapas”, señala.
A esto se agrega que se han acentuado las inconformidades de comunidades y organizaciones indígenas, sobre todo de la región del Istmo por la presencia del capital extranjero que mediante maniobras poco claras y con la complicidad del Estado han logrado la concesión de grandes extensiones de territorio y suscritos convenios ventajosos para ellos dejando en la indefensión a los verdaderos dueños de las tierras.
Solano Alinarez expone que también debe llamar la atención sobre el papel que ha jugado un sector de organizaciones sociales, “sobre todo las clientelares-partidistas, que por décadas han traducido sus liderazgos o asesorías en grandes oportunidades para trastocar las justas demandas de los pueblos indígenas y comunidades agrarias”.
Y finalmente, los conflictos que se encuentran en las contradicciones internas entre los grupos de poder y la falta de coordinación entre las tres instancias de gobierno que “olvidan” la corresponsabilidad institucional que debe existir en la integración de lo que debe ser el Estado Mexicano.
“Para lograr desactivar esta inercia se requiere romper con la pasividad, ineficacia y perversidad política de los gobiernos federal y estatal para integrar la fuerza del Estado en una sola dirección: la gobernabilidad. Desde luego no es fácil, porque muchos funcionarios públicos de actúan en relación al costo-beneficio político de sus acciones y de ello personalmente hemos tenido muchas y muy malas experiencias”, sostiene.
El dirigente de la UNIR también advierte que de los 25 programas prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos dos pueden generar o acentuar conflictos en las comunidades de Oaxaca.
El primero de ellos, es el Corredor Transístmico porque va a implicar la afectación del territorio de los pueblos originarios y el segundo, el Desarrollo Minero ya que los pueblos son celosos del cuidado del medio ambiente y la preservación de sus territorios.
“En Oaxaca con seguridad podemos aseverar que el triunfo o el fracaso de las metas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dependerá de sus respuestas y resultados que brinde los conflictos agrarios”, asegura.
Solano Alinarez propone como nueva política para atender la conflictividad agraria en la entidad la coordinación estrecha con los tribunales agrarios, la vinculación con el gobierno del estado tendrá que ser de respeto y de complemento que debe partir del reconocimiento de la problemática de la tenencia de la tierra como asunto del ámbito federal y estatal.
“En tal sentido la atención de los conflictos sociales e incluso políticos o económicos relacionados con la emergencia del conflicto agrario tendrá que ser en una sola dirección, superar el conflicto por voluntad de las partes o respetar la determinación de la autoridad competente”.
También propone identificar, con base en la consulta de los archivos de las instituciones agrarias federal y estatal y en estudios sociológicos y antropológicos, los conflictos más graves y sus alternativas de solución en el corto y mediano plazo; para los desastres naturales existen fondos económicos, en el caso de los conflictos agrarios debe decretarse un fondo permanente disponible para atender los conflictos en vías de solución en cualquier fecha del año.
“Los conflictos agrarios son conflictos sociales y no policiacos por lo tanto debe revisarse las atribuciones legales y evaluar las fortalezas y debilidades de los organismos agrarios existentes para rediseñarlos o, en su caso, designar a una coordinación interinstitucional que se responsabilice de la atención y solución de todo tipo de conflictos agrarios”, finaliza.
