Redacción/Zona Rona.
Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de junio de 2020.- En 2016, la Comisión de la Verdad entregó a la sociedad oaxaqueña un informe titulado “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca”.
En dicho informe se advierte que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión, además de la ejecución -entre octubre y diciembre de 2006- de Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.
El informe de la Comisión de la Verdad señaló al ex Gobernador priista, Ulises Ruiz Ortiz, como responsable de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007, además, se señaló a Bulmaro Rito Salinas –entonces presidente del Congreso local– como uno de los responsables de la represión a este movimiento social.
Por lo anterior, el actual residente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV del Congreso local, Horacio Sosa Villavicencio, presentó una propuesta legislativa para el retiro del Congreso oaxaqueño de las placas conmemorativas que contengan los nombres del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y del ex presidente de la Gran Comisión Bulmaro Rito Salinas.
“En el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan existen dos placas conmemorativas con el nombre del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y una de ellas junto con la de Bulmaro Rito Salinas. Esto representa una afrenta a la memoria histórica del pueblo, a quienes fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, y al pueblo agraviado”, señaló Sosa Villavicencio.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que en el informe de la Comisión de la Verdad se aseguró que durante el conflicto social del 2006-2007 de Oaxaca, el estado violó el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, además de que ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos y degradantes e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos.
Sobre Ulises Ruiz Ortiz pesa, además del informe de la Comisión de la Verdad, el daño patrimonial de cuatro mil millones 971 mil pesos, reveladas por 45 auditorías practicadas únicamente respecto del año 2010 por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández.
Lo antes expuesto –señala Sosa Villavicencio– derivó en que el 10 de julio de 2014, agentes estatales de investigación detuvieran a Rito Salinas, acusado del delito de peculado por daño patrimonial en perjuicio del gobierno del estado.
La propuesta de Horacio Sosa Villavicencio fue turnada al interior de las comisiones del Poder Legislativo para su análisis y posible aprobación en días próximos.
