Redacción/Especial
Oaxaca de Juárez, Oax., 7 de junio de 2019.- La víspera habían difundido su presunto secuestro, pero el periodista lo desmintió en Facebook.
Sin embargo, las primeras horas del miércoles, Carlos Sánchez Llanes fue “levantado” a su llegada al palacio municipal de Matías Romero, donde laboraba en el área de prensa. Después de varias horas, apareció golpeado, aunque optó no denunciar su secuestro exprés.
Con el del reportero, en este año han ocurrido por lo menos cuatro agresiones a periodistas; sin embargo, ni estos casos ni los ocurridos en dos años y medio del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, han sido esclarecidos.
Como el de Telésforo Santiago Enríquez, quien terminó sus labores en la radio comunitaria “Estéreo Cafetal La Voz Zapoteca” que había fundado años atrás, subió a su auto y condujo a su casa en San Agustín Loxicha.
Cerca de las cuatro de la tarde de ese jueves 2 de mayo de 2019, un comando interceptó el viaje de Telésforo en el paraje “El Portillo de las Flores” de este municipio de la Sierra Sur de Oaxaca. Los hombres armados dispararon a quemarropa y las balas golpearon en su rostro y cuello. Lo mataron.
Sin avances también en las indagatorias, las denuncias formales presentadas por la reportera del portal “Página 3” y MVM Televisión, Ana Luisa Cantoral, como la de media docena de comunicadores, entre ellos Flor Hernández y Virgilio Sánchez.
“¡Cómo es posible, yo fui el agredido por los transportistas de Pinotepa Nacional y ahora resulta que soy el acusado! ¡Cómo es posible que mi caso no lo haya retomado a la fecha la Fiscalía General del Estado y en cambio por la acusación en mi contra ya me llamó a declarar!”.
El extrañamiento es del periodista Rufino Feria Bautista, quien el pasado 30 de marzo fue golpeado cuando cubría una manifestación de taxistas y mototaxistas en Pinotepa, además de haber sido amenazado de muerte.
De inmediato puso su queja ante la Vicefiscalía Regional de la Costa, pero jamás lo volvieron a citar. La Unidad Especializada en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía, dijo que iría a buscarlo a Pinotepa pero jamás sucedió.
Esta es una de las tantas historias de impunidad que prevalecen en Oaxaca en cuanto a los ataques a la libertad de expresión y a los miembros de la prensa.
CASOS IMPUNES
Los crímenes y las agresiones contra los periodistas en el estado se agravaron durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, según los datos de organismos de la sociedad civil, la Defensoría de los Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado.
En todos los casos permea la impunidad. uno de ellos, el asesinato de Marcos Hernández y que apuntaba a una garantía de justicia, se desplomó al poco tiempo: a este periodista lo asesinó un comandante de la Policía Estatal y fue condenado a 40 años de prisión, pero en menos de dos años quedó en libertad por errores en la integración de la carpeta de investigación.
De acuerdo con la organización Artículo 19, en Oaxaca se documentaron 15 asesinatos de periodistas entre 2000 y 2017.
Algunos de ellos son Alberto López Bello, reportero de “El Imparcial”; Octavio Rojas, del semanario “Buen Tono”; Abel Manuel Bautista Reymundo, periodista en una radio comunitaria en Juxtlahuaca; Armando Saldaña, del Diario de Veracruz pero asesinado en Cosolapa; Filadelfo Sánchez Sarmiento, de “La favorita” de Miahuatlán; Marcos Hernández, reportero de “Noticias”.
A estos le siguieron el atentado sufrido por Jaime Méndez Pérez, director del portal informativo Agencia JM, su casa fue incendiada en diciembre de 2017 y el 21 de enero de 2018, el periodista Agustín Silva Vásquez fue reportado como desaparecido en Matías Romero; quien a la fecha sigue sin aparecer. Mientras que el caso más reciente es el asesinato de Telésforo Santiago.
De 2015 a la fecha, según datos de la DDHPO, se interpusieron 169 quejas de periodistas: 33 en 2015, 47 en 2016, 56 en 2017, 30 en 2018 y tres en 2019; por los cuales se solicitaron 79 medidas cautelares ante las autoridades responsables como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
REALIDAD REBASA CIFRAS
Yésica Sánchez Maya, dirigente de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad,- sin embargo- sostiene que las cifras reportadas por la Defensoría están muy por debajo de lo que ocurre en la realidad.
Tan solo en el primer año del gobierno de Alejandro Murat, afirma, se registraron un total de 144 agresiones contra periodistas.
Ese año, detalla, 103 de las agresiones fueron contra hombres y 37 contra mujeres; las agresiones verbales contra ellas tuvieron connotaciones discriminatorias por ser mujeres y por los ataques se emitieron 18 medidas cautelares para proteger la integridad física de 15 periodistas hombres, dos mujeres y una para las instalaciones de un medio.
“Oaxaca se encuentra entre los estados con mayor número de agravios a periodistas, superado por Veracruz y la Ciudad de México (…).
“Los dueños de las empresas periodísticas –entre ellos ex gobernadores y otros políticos– se enriquecen de su complicidad con los gobiernos de manera ilegal, los periodistas de a pie carecen de los mínimos derechos laborales y sociales, como servicios médicos y salario mínimo. De esta situación se aprovechan los políticos y gobernantes para comprar, sobornar o someter a un sector de la prensa”, sostiene la líder de Consorcio.
Además, asegura que la transición a la democracia fracasó y nada cambió tras la alternancia política de 2010, aunque ahora existan muchos protocolos y comisiones que de nada sirven.
Puntualiza que no ha servido para nada la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, y el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México y en Oaxaca, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, y la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas.
“Todas sirven para justificar su negligencia”, afirma.
Los principales agresores son servidores públicos estatales, particulares, servidores públicos municipales, organizaciones sociales o sindicales, policías municipales, funcionarios de la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y la policía municipal o algún servidor público municipal.
De las agresiones sobresalen hostigamiento, intimidación, seguimiento, vigilancia y persecución; seguidos de otras amenazas, la agresión física, amenazas de muerte, intento de robo de equipo de trabajo o borrado de material, agresión verbal, robo de equipo o material de trabajo e incomunicación.
REZAGO DE 12 AÑOS
La Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría General de Justicia), por su parte, informa que desde 2007, tiene abiertas 69 averiguaciones previas por delitos cometidos contra periodistas; 10 de ellas por el delito de homicidio. A estas se suman las investigaciones por la desaparición de un periodista en el Istmo de Tehuantepec.
De estas investigaciones por el asesinato de miembros de la prensa en el estado, tres se encuentran en proceso penal y cuatro averiguaciones en causa penal y del total de las carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas, son 82 las víctimas o periodistas víctimas.
En 2017 se creó la Unidad Especializada para los Delitos contra la Libertad de Expresión y a quien estará a cargo de esta unidad.
“La creación de esta unidad especializada corresponde par tener resultados específicos, con sujetos especializados en estos temas, que el trabajo se pueda medir en función de los resultados”, detalla la Fiscalía.
Y advierte que en tan sólo siete meses después de creada se presentaron un total de 28 denuncias por periodistas, la mayoría por delitos de amenazas y robos; a la cabeza se encuentra la región Valles Centrales con 19 denuncias, cinco en el Istmo de Tehuantepec y cuatro en la Costa.
En la historia reciente de Oaxaca, el sexenio de Gabino Cué Monteagudo fue el más fatal para la prensa en el estado: seis periodistas fueron asesinados en el último año de su gobierno y en toda su administración, sumaron un total de 11 periodistas asesinados.
Para el titular de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, el discurso oficial para la protección de los periodistas es sólo retórico y a veces demagógico.
En México, explica, se tiene un mecanismo de protección a periodistas que no funciona y en Oaxaca no existen mecanismos de protección. “Lo único que hay son las medidas cautelares pero estas se han aprendido a litigar, es decir, las autoridades las aceptan pero no quiere decir que las cumplan”, apunta.
El recién nombrado titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, coincide con su antecesor. Alrededor del 90 por ciento, dice, de casos en las carpetas de investigación abiertas por estos ataques en la Fiscalía General del Estado, siguen sin concluirse o llevarse ante la justicia a los responsables.
“Si a estos datos les sumamos el clima de impunidad, tenemos un caldo de cultivo ideal para que siga esa escalada de violencia ante quienes ejercen la labor periodística”, afirma.
El Estado, agrega, tiene la obligación de proteger la vida de quienes ejercen su derecho a la libre expresión y son responsables de investigar exhaustivamente y enjuiciar a quienes vulneran estos derechos.
MUCHOS INTERESES
Flor Hernández, actual directora general de Newsweek Oaxaca – quien recientemente recibió amenazas de muerte junto con otro grupo de periodistas – manifiesta que el periodista en el estado se encuentra entre muchos fuegos: el narcotráfico, las autoridades y sus “muchas cabezas”, los pequeños caciques y los “fuegos editoriales”, es decir, los intereses económicos de las empresas para las cuales trabajan.
“Es una situación bien complicada y aunque una nota sea la mejor no vale la vida. ¿Qué se puede hacer? Requerimos el respaldo social y para ello, los periodistas debemos volver a escribir para la gente y no sólo para los políticos”, opina.
Periodistas oaxaqueños consultados –quienes pidieron no mencionar sus nombres – advierten también sobre la infiltración de “orejas” (empleados del distintas dependencias de gobierno que se mezclan como periodistas), la impunidad en los casos y la ineficiencia de la Fiscalía para investigar, el crecimiento del crimen organizado en Oaxaca y el incremento de la violencia y amenazas en redes sociales, así como el mal manejo de la información.
Artículo 19 en su informe “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva” presentado el 2 de abril de 2019, la violencia contra la prensa se disparó durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pero en el último sexenio ésta se expandió por todo el país.
sostiene que el país que dejó Enrique Peña Nieto es el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. A lo largo de su sexenio se cometieron 47 asesinatos, cuatro desapariciones y un total de dos mil 502agresiones.
El 2 de mayo de 2019 el cuerpo de Telésforo Santiago quedó en el interior de su auto. Peimbert Calvo revela que ya había advertencias y denuncias sobre la seguridad para este periodista y activista social de San Agustín Loxicha: “El Estado falló, no pudo protegerlo y hoy está muerto”, recalca el ex titular de la DDHPO.
