Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de septiembre de 2020.- A casi un año de los hechos, el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó un exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, a fin de que formule una acusación pulcra y contundente que determine las sanciones de quienes han sido acusados como responsables de la agresión con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
Con 27 votos a favor, el proyecto de acuerdo emitido por la Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, hace un enérgico llamado al fiscal para que instruya al agente del Ministerio Público encargado de la investigación complementaria del caso, a fin de que ésta se realice sin vicios y evitando dejar cabos sueltos que generen impunidad.
“Que implemente los mecanismos necesarios para allegarse de todos los medios de prueba que sean necesarios para evitar vicios en dicha investigación y en caso de existir, los corrija, a efecto de contar con los elementos suficientes al momento de formular la acusación y medio de prueba contundentes en los que determine correctamente los grados de autoría y participación, evitando cabos sueltos que generen impunidad”, cita el documento.
Así mismo, piden al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, para que gire instrucciones al Juez de Control de la causa con la finalidad de que actué apegado a derecho y se valoren todas las pruebas de manera imparcial, con la intención de garantizar una eficaz impartición de justicia y una pena ejemplar para los agresores de la joven.
“…que gire instrucciones al Juez de control de la causa, actúe apegado a derecho y al tribunal o juez de enjuiciamiento para que valore todas las pruebas de manera imparcial y garantice una eficaz impartición de justicia, así como una correcta y ejemplar individualización de la pena, a fin que los actos cometidos en contra de María Elena Ríos Ortiz, no queden impunes”, refiere la propuesta aprobada ayer en sesión ordinaria.
A inicios del mes de abril y después de siete meses del ataque, en un acto que fue calificado como teatro, el ex diputado local por PRI y empresario gasolinero Juan Antonio V. C. se entregó “voluntariamente” ante las autoridades, quienes lo detuvieron y pusieron a disposición de la instancia encargada de la procuración de justicia.
Por lo anterior la propia María Elena Ríos Ortiz hizo un llamado directo al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, y a los jueces que se van a encargar de impartir justicia a que sean neutrales en el caso y se garantice la justicia para ella y su familia, tras el ataque con ácido del que fue víctima el pasado 9 de septiembre del 2019.
Desde el día del ataque, la saxofonista acuso al ex diputado Juan Antonio como su agresor, con quien previamente sostuvo una relación sentimental que se tornó violenta; fue la intervención de activistas y los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales los que hicieron presión y consiguieron la actuación –tardía- de la Fiscalía quien tres meses después de los hechos detuvo a los autores materiales y siete meses después consigno a quien se considera como autor intelectual. A casi cinco meses de haber sido vinculado a proceso, y con la pandemia por Covid-19, no existen avances públicos en torno a la acusación y el juicio pendiente en contra de él y los demás señalados como responsables del ataque, razón por la que al interior del Congreso se determinó realizar el llamado pertinente a las autoridades.
