Yuridiana Sosa/Evlin Aragón/Zona Roja.
San José del Progreso, Oax., 14 de septiembre de 2020.- El pasado 9 de junio, el síndico municipal de San José del Progreso, Ocotlán, Bonifacio Víctor Rosario Sánchez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del ex comisionado municipal Roberto Cabrera Vera, el ex tesorero Esaú Mijangos y el ex secretario municipal Leobardo López, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en perjuicio del municipio.
Lo anterior quedó asentado en la Carpeta de Investigación 395(FEMCCO)2020, que sigue su curso.
En tanto, sobre la protesta de un grupo de pobladores de dos agencias, que bloquearon hoy el acceso a la Minera “Cuzcatlán”, el síndico indicó que el ayuntamiento sólo está en posibilidades de aplicar el recurso designado por ley, pero no extras, como exigen.
Y es que autoridades auxiliares de la agencia de El Porvenir y de Maguey Largo demandan recursos públicos prometidos desde la administración del comisionado municipal.
Sin embargo, el síndico Bonifacio Víctor Rosario Sánchez, indicó que el dinero que piden es una promesa que en su momento realizó el comisionado provisional municipal, Roberto Cabrera Vera, para ganarse la simpatía de seguidores, pero la autoridad municipal no está en la posibilidad de cubrirla.
POBLACIÓN DENUNCIA ABUSOS
Por otra parte, habitantes de El Porvenir señalaron abusos de las autoridades auxiliares, con cobros, detenciones arbitrarias y promoción de actividades masivas en medio de la pandemia, por lo que la Defensoría de los Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares y solicitó un informe.
Los vecinos de esta comunidad denunciaron ante la Defensoría y de forma pública que el agente de policía y sus colaboradores, incluyendo topiles, realizan cobros innecesarios y excesivos por actividades que no se llevan a cabo, o por no acudir a las reuniones, así como detenciones por no pagarlas.
Expusieron que exigen pagos de 100 pesos a quienes no acuden a reuniones de asamblea general, a pesar de la contingencia sanitaria por Covid, lo cual también pone en riesgo la salud de los pobladores; además de una cuota fija de 500 pesos para la realización de las festividades patronales, que al suspenderse tampoco informaron el destino del dinero.
También establecieron un pago por recargo de 50 pesos por la falta de pago de los conceptos anteriores; mil 500 pesos como multa para obtener la libertad en caso de ser detenidos al no realizar los pagos anteriores; cobro de dos mil pesos por concepto de negativa del servicio a la comunidad en los cargos propuestos.
La situación ha generado un descontento de la comunidad en general, quienes principalmente se preocupan por la contingencia sanitaria, la cual ha dejado a decenas de habitantes sin trabajo.
ACTOS VIOLENTOS
La autoridad municipal actual precisó que son las autoridades de la agencia El Porvenir y Maguey Largo, perteneciente al municipio de San José del Progreso, las que han actuado de forma violenta en contra de la población a quienes cobran grandes cuotas por no asistir a las asambleas comunitarias.
El síndico detalló que, pese a que ha buscado el diálogo con los representantes de ambas localidades, estos se han mostrado cerrados y argumentan la falta de recursos económicos que son utilizados para el pago de servicios que se brindan a la población.
Aseguró que la “toma” de la empresa minera Cuzcatlán, ubicada en la zona, realizada por pobladores de dos de las cinco agencias municipales, no tiene razón de ser ya que la autoridad se encuentra abierta a escucharles, explicarles el uso del recurso público y su designación conforme a la ley.
