Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 4 de mayo de 2021.- Constructores locales denunciaron al delegado en Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Luis Chida Pardo, de una serie de irregularidades al interior de la dependencia federal que, aseguran, beneficia a empresas foráneas, políticos y funcionarios públicos.
Con oficios que lo acreditan. dieron a conocer que en lugar de ponderar la participación de empresas locales y con ello reactivar la economía de la entidad oaxaqueña, Chida Pardo realizó invitación a empresas provenientes de otros estados de la República, bajo el rubro de “Licitación por invitación a cuando menos tres personas”.
Tal es el caso de Estudios Atlalli, S.A. de C.V.; Evanhe Constructores, S.A. de C.V.; y Leonel Orozco Moreno –persona física- todos con domicilio en San Luis Potosí a quienes se les propone la supervisión de diferentes trabajos de construcción en municipios del Istmo de Tehuantepec.
Así mismo, a la empresa Supervisión y Diseños Carreteros, S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Guadalajara, Jalisco, a la que también se hizo llegar el respectivo oficio de invitación 6.19.414-0930/2021 firmado por el director general de la SCT.
Lo anterior no es la única inconformidad denunciada, toda vez que aseguran el actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Eviel Pérez Magaña, ha sido beneficiado con obra pública a través de las empresas Ingeniería y Edificación de los Tuxtlas S.A. de C.V., y Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V.
Ambas empresas fueron favorecidas, este 2021, con un monto superior a los 160 millones de pesos, asignando contratos para la conservación de la carretera Huajuapan- Juxtlahuaca; así como diversas obras en el Istmo de Tehuantepec, en las localidades de Palomares y Matías Romero, de manera específica.
Finalmente, y por si fuera poco, los denunciantes refieren que Esteban Rutilio Sánchez Jacinto, funcionario de la SCT, aparece como beneficiario de obra pública para este año, con un monto asignado superior a los 25 millones de pesos, para la empresa Terrypav S.A. de C.V., lo cual causaría un serio conflicto de intereses al interior de la dependencia.
