Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de agosto de 2021.- A tres años de la implementación de la Alerta de Violencia Género (AVG) en Oaxaca, el saldo es de 334 mujeres y niñas asesinadas.
Fue el 30 de agosto de 2018 en que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la declaratoria para 40 municipios de la entidad, pero en todo el estado la violencia feminicida va a la alza.
“Si bien es cierto que la Alerta de Género ha permitido visibilizar la gravedad del problema a nivel social, el Estado y sus instituciones siguen sin reconocer que existe una violencia feminicida, pues a tres años los resultados son desalentadores”, destacó el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GES Mujer), que preside Angélica Ayala Ortiz.
Informó que de acuerdo con el Monitoreo de violencia feminicida, a partir de la Declaratoria de la Alerta, el 60 por ciento de casos se concentra en tres regiones: el Istmo representa el nivel más elevado con un 25%, le sigue Valles Centrales con un 20% y la Cuenca del Papaloapan con un 15%.
“Pero los datos son fríos, no alcanzan a dimensionar la indignación, el dolor, la impotencia de cada familia que ha enfrentado la pérdida de una hija, una madre, una hermana, una abuela, pues la violencia machista no respeta edad, condición social, económica ni ninguna otra”, dijo la asociación civil en un comunicado.
Aunado a ello, indicó que el acceso a la justicia se torna más difícil para las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas, además de estar invisibilizadas en los registros hemerográficos y digitales disponibles.
Ante ello, elaboró un balance:
Sobre la resolución de la Instalación de los Consejos Municipales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres en los 40 municipios con Alerta (que ya contempla la Ley Estatal) sus resultados son cuestionables, pues de acuerdo al Monitoreo de violencia feminicida del GES Mujer el 57% de la violencia feminicida ocurrió en municipios con Alerta y el 43% en municipios sin alerta.
Lo que implica que no hay una diferencia entre contar con el mecanismo, que carecer de él, o bien que la violencia hacia las mujeres que se focalizaba en 40 municipios, a tres años se ha extendido a otros que no estaban identificados como de alto riesgo.
La pandemia es un factor que agrava las condiciones de riesgo para las mujeres, en todos los ámbitos, pero innegablemente en relación a la violencia, lo que implica la urgencia de atenderla, con las debidas medidas de protección.
Algunas de las medidas de seguridad definidas en el mecanismo de la AVG:
– Fortalecer la asistencia jurídica, psicológica y de salud a mujeres víctimas de violencia. A tres años de la AVG, seguimos exigiendo instituciones capacitadas en perspectiva de género, con una visión intercultural, personal sensible y especializado, que identifiquen claramente los casos de nivel de riesgo feminicida, y que apliquen adecuadamente los protocolos de atención para salvaguardar la vida de las mujeres en riesgo feminicida, pues desafortunadamente las mujeres se siguen enfrentando a la revictimización, a la negligencia, a las omisiones y a barreras que les impiden acceder a órdenes de protección, peritajes profesionales, así como anticoncepción de emergencia en casos de violencia sexual, por citar algunos aspectos.
– La difusión del 911 para llamadas de emergencia. Si bien se ha llevado a cabo la difusión, los resultados, de acuerdo a la ciudadanía no son favorables, situación que hemos podido constatar, tanto a nivel urbano como dentro de los municipios, cuando lo solicitamos en apoyo a mujeres en situación de emergencia. Y hay que reconocer que a nivel municipal ha sido muy complicado por la falta de coordinación al interior de la propia policía, además de que no consideran graves los casos de violencia familiar.
– La creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en las 8 regiones del estado. Esta medida tampoco ha sido cumplida, lo que dificulta brindar alternativas que favorezcan la protección de la vida de las mujeres. Sabemos que se requiere infraestructura y recursos, pero ya transcurrieron tres años y no se vislumbran avances.
– El mapeo de los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente feminicidios, homicidios culposos, violencia sexual, desapariciones de niñas y mujeres y sus tentativas, a fin de focalizar políticas públicas de prevención.
Si bien son 40 municipios con AVG (192 casos) el 45% se concentra en cinco municipios: Tuxtepec 33 casos, Juchitán 19,Tehuantepec 13, Oaxaca 12 y 9 en Matías Romero, y por otro lado, dado que un 43% (142) de los asesinatos violentos de niñas y mujeres ocurrieron en municipios sin alerta de género, también es urgente realizar un mapeo de los factores de riesgo presentes, ya que el 21% ocurrieron en cuatro municipios: Juxtlahuaca 12 casos, Xoxocotlán 8, Tapanatepec 5 y 5 en Ocotlán de Morelos. Las instituciones tienen los datos, pero se carece de un análisis que permita generar acciones estratégicas de alto impacto que incidan en los municipios que concentran los niveles más elevados de violencia feminicida.
Medidas de justicia y reparación
– Acciones que permitan transparentar los procesos de investigación para los casos de muertes violentas de mujeres, de manera que sea posible valorar públicamente los criterios de actuación de la FGEO. Desde el movimiento feminista cuestionamos los datos oficiales, nos preocupa la falta de capacidad en tipificar el delito de feminicidio o más grave aún, que exista un interés político en minimizar el problema.
Consistentemente hay diferencias entre los registros de la sociedad civil y los de la FGEO bajo el argumento de que se trata de asesinatos dolosos de mujeres, sin que medie, por principio la aplicación de un protocolo acorde al delito de feminicidio, o bien, que por la presión social se inicien las carpetas de investigación como delito de feminicidio y posteriormente se reclasifiquen, a fin de que se ubique a Oaxaca como un estado seguro para las mujeres, pero la realidad es otra.
Como integrantes del movimiento feminista hemos denunciado las barreras sociales, culturales e institucionales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de niñas, jóvenes y mujeres. Desafortunadamente a tres años de la AVG los resultados evidencian:
– Falta de voluntad política para contar con un diagnóstico real de la problemática
– Ausencia de coordinación entre las instituciones responsables de la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias por razón de género.
– La impunidad como consecuencia de negligencias y omisiones ocasiona que niñas y mujeres sigan siendo violentadas.
“Las propias familias, las comunidades, las colectivas feministas, las alianzas entre organizaciones seguiremos exigiendo a las instituciones que cumplan con sus responsabilidades y se haga justicia”, culmina el comunicado de GES Mujer.
