Diego Enrique Osorno*
Un viejo sueño iniciado en la dictadura de Porfirio Díaz busca ser concretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Istmo de Tehuantepec, una de las regiones culturales más importantes de Oaxaca y una posición geoestratégica de México, al ser la franja terrestre más angosta de América del Norte.
Bajo la mira y el acecho de grupos económicos e intereses oficiales, el mismo proyecto que durante el gobierno de Vicente Fox Quesada fue parte del fallido Plan Puebla-Panamá, en la actual administración —que aún predica a veces la separación del estado y el capita— fue relanzado bajo el nombre de Corredor Interoceánico, tras una supuesta consulta popular.
¿Quiénes son los beneficiarios reales de los afanes gubernamentales para convertir estas tierras en una zona económica que enlace los océanos Atlántico y Pacífico más rápido que el Canal de Panamá?, se pregunta en su interesante investigación Marco Antonio Vázquez Vidal, un anarquista y antropólogo social de origen ayuujk, uno de los once pueblos indígenas que habitan la región que se busca reconvertir.
Al analizar el oficialmente llamado Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (Pdit), Vázquez Vidal identifica a las empresas transnacionales extranjeras y mexicanas que han obtenido los principales contratos vinculados con la modernización de las vías ferroviaras transítsmicas marcadas hace más de cien años.
Uno de ellos es Grupo Azvi, a través de su filial Construcciones Urales SA de CV, asociada con Regiomontana de Construcción y Servicios, la cual obtuvo cuantiosos contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el actual le fue adjudicado un tramo del Tren Maya, la instalación electromagéntica del tren México-Toluca y algunos parque eólicos en Jalisco y Zacatecas.
Otra de las compañías es Grupo Industrial Hermes, presidido por Carlos Hank Rhon, próspero empresario, hijo de aquel célebre líder político del PRI que acuñó la legendaria frase de esencia neoliberal: “Un político pobre, es un pobre político”, pero no es este su vínculo cuestionable, sino la alianza estratégica que tiene con Odebrecht, empresa ya símbolo de la corrupción en América Latina.
Copasa, otra de las empresas beneficiadas, también de origen español, enfrentó una serie de investigaciones en Europa por su participación en la construcción del tren de alta velocidad AVE que comunica a España con La Meca, en Arabia Saudita, la cual llegó hasta al ahora rey emérito Juan Carlos I; en Colombia, el candidato presidencial Gustavo Petro la ha señalado de pagar sobornos a políticos.
También hay otras empresas beneficiadas de dudoso origen y reciente creación, como Consorcio Ferro Maz, registrada oficialmente apenas el 1 de marzo de 2019, en Tlanepantla, Estado de México, unos meses antes de recibir el contrato de remodelación del tramo Mogoñe-La Mata, en sociedad con otra empresa llamada Construcciones y Maquinarias SEF, SA de CV, dedicada principalmente a proveer a Ferromex y Ferrosur, empresas propiedad de Grupo México.
Y finalmente está Comsa Corporación, empresa española, propiedad de una de las familias más ricas de Cataluña: los Miarnau, de la cual hubo miembros que aparecieron como operadores de sociedades off shore en la conocida investigación de “Los Papeles de Panamá”, así como también fue investigada durante la operación anticorrupción llamada Hades, en torno a millonarios desvíos hacia el histórico líder catalán Jordi Pujol.
Todas estas compañías se encargan de realizar la primera fase del Corredor Interocéanico, enfocada en la rehabilitación de las viejas vías ferroviaras que comunican a Salina Cruz y Coatzacoalcos, con lo cual se busca competir con el Canal de Panamá, al unir en 3 horas los puertos oaxaqueño y veracruzano, mientras que en Panamá se hacen 8 horas, además de esperar turno por 14 o 15 días, debido al tráfico congestionado.
El proyecto abarca también la ampliación de las carreteras y los puertos de la zona, así como la creación de una serie de parques industriales contemplados para explotar los recursos naturales de la zona que “no han sido aprovechados correctamente y que pueden llegar a propiciar el desarrollo”, aseguran los responsables del proyecto, según la investigación de Vázquez Vidal.
Una cuestión más a “aprovechar”, establecen los reportes, es la “mano de obra” que habría en la región y la que podría llegar de Centroamérica, al ser esta una ruta habitual de paso de los migrantes que van hacia Estados Unidos.
Entre las modernizaciones en marcha que también se han anunciado está la del gasoducto actual, que sería duplicado de tamaño, así como también de los oleoductos existentes y la instalación de una red de fibra óptica a lo largo de las vías ferroviarias remodeladas. Internet, gas y petróleo estarían garantizados así para las empresas convocadas a instalarse.
“El megaproyecto —considera Vázquez Vidal en su investigación— permitirá que sus principales socios y beneficiarios ejerzan poder y control no solo de la infraestructura que en estos momentos se construye, sino también de los recursos minerales, hidrocarburos, hídricos, forestales, aire, tierra, selvas, bosques y playas, y de la mano de obra para la transformación de recursos y producción de mercancías.
“Megaprograma que si los pueblos indígenas permitimos avanzar, entonces ¿qué pasará?”.
Un istmo originario, diverso y estratégico, mezclado con un viejo sueño porfiriano revivido por un presidente juarista, está siendo sometido ya a la vorágine.
*Escritor
(Opinión publicada en “Milenio Diario”)
