Redacción/Zona Roja Cdmx.
Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de septiembre de 2019.- El negocio de la “toma” de casetas de peaje en carreteras del país es multimillonario, y se equipara prácticamente en la misma proporción a la impunidad en este delito.
Un reporte del diario “Excelsior” revela que en ocho años y medio, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dejó de recibir más de tres mil millones de pesos por toma de casetas en el país.
Esta práctica es un delito federal que se castiga hasta con 30 años de cárcel, sin embargo, con el paso de los años, colectivos y organizaciones civiles han hecho de esto un deporte.
Mientras que en 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron dos mil 443.
Para el primer semestre de 2019, el reporte Daño Patrimonial por el Ingreso No Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019, proporcionado por Capufe vía Transparencia, ya indicaba dos mil 458 eventos.
Las pérdidas por el no cobro de peaje en 2018 ascienden a 821 millones 959 mil 408 pesos, y la tendencia va en aumento: de enero a junio de 2019 se han perdido mil 359 millones 938 mil 237 pesos, 65.45% más que las pérdidas de 2018.
Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), considera que el apoderarse de una plaza de cobro se ha convertido en un negocio lucrativo.
“Se empezó a generar una industria (…) comienzas a botear y la cantidad de recursos que extraes de manera ilegal pues es importante”, explicó.
CRECE EXPONENCIALMENTE
Esta práctica se ha incrementado de manera exponencial; así, mientras que en todo 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron dos mil 443.
Para el primer semestre de 2019, el reporte Daño Patrimonial por el Ingreso No Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019, proporcionado por Capufe vía transparencia, ya indicaba dos mil 458 eventos.
Las pérdidas registradas por el no cobro de peaje en 2010 fueron de cuatro millones 984 mil 864 pesos, mientras que para 2018 ascendió a 821 millones 959 mil 408 pesos.
La tendencia va en aumento, de enero a junio del presente año se han perdido mil 359 millones 938 mil 237 pesos, 65.45% más que el monto total de lo no cobrado en 2018.
Según el reporte de Capufe, los daños patrimoniales generados por la toma de casetas en todo el país comenzaron a repuntar a partir de 2014, cuando se registró una pérdida anual de 372 millones 607 mil 811 pesos, por 785 eventos ocurridos.
El segundo repunte se dio en 2017, cuando la pérdida ascendió a 503 millones 84 mil 796 pesos, por mil 699 tomas.
Entre las causas o demandas más comunes en la toma de casetas se encuentran solicitudes de recursos para organizaciones campesinas, inconformidad con políticas de gobierno, solicitud de exención del pago al ser habitantes cercanos a la caseta, exigencia del libre tránsito por las carreteras del país.
De manera regular, las plazas de cobro son liberadas o “tomadas”, entre otros, por organizaciones campesinas, gremiales, estudiantes normalistas, integrantes de la CNTE o la CETEG, policías comunitarios, pobladores inconformes, transportistas, movimientos de lucha, familiares de personas desaparecidas y grupos de activistas.
HASTA LA CNTE
En Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Baja California, entre otras entidades, esta actividad es un recurso para la lucha social.
En Oaxaca, por ejemplo, el magisterio de la CNTE lleva a cabo interrupciones intermitentes, libre del pago que ingrese a las arcas del gobierno federal.
En el Valle de Toluca y zona Norte del Estado de México transportistas, campesinos y estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, toman la caseta ubicada en Tenería, en Tenancingo. Integrantes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, campesinos y normalistas se apropian de las casetas de la autopista Toluca-Atlacomulco, según datos de Capufe.
En Chiapas, han sido identificados el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), la CNTE, normalistas de las escuelas Jacinto Canek y de la Rural Mactumactzá y hasta el criminal llamado Cara de tropa.
En Tijuana, integrantes del Grupo Tijuana se levanta, integrado por activistas de la tercera edad, tomaron el control de la caseta de cuota Tijuana-Rosarito.
Otros grupos de activistas también se habían apoderado del control de las casetas, pero el pasado 2 de agosto se registró un enfrentamiento entre los grupos liderados por quienes han sido identificados como Miguel Mendoza y Guadalupe Maldonado. Ambos grupos se enfrentaron con palos, piedras y a golpes. Tras el choque, el saldo fue de cinco personas detenidas y tres lesionados.
EL DELITO NO LOS FRENA
En abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, mediante un video difundido en redes sociales, que la toma de casetas de peaje sí estaba tipificada como un delito, según lo indicado en el Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo I del Código Penal Federal.
Las penas establecidas para quienes bloqueen las casetas de peaje de la red carretera del país van de 15 a 30 años de prisión.
Sin embargo, esta advertencia no ha frenado la intervención que organizaciones de resistencia civil realizan a las casetas en distintos puntos del país.
En total, Capufe ha interpuesto 2 mil 742 denuncias por la toma de casetas en todo el país, de las cuales, mil cuatro fueron presentadas de enero a junio de 2019.
