Diego Enrique Osorno*
El día comienza con una redada del Instituto Nacional de Migración (Inami) por las calles de Ciudad Juárez en busca de personas humildes que tratan de ganarse la vida limpiando parabrisas y vendiendo cosas en los camellones.
Después vienen los maltratos durante sus detenciones arbitrarias. Ya entonces lo que sigue es el encierro en una cárcel ilegal llamada eufemísticamente albergue y, por último, la amenaza de que la pesadilla siguiente será la deportación a sus países de origen.
No solo en Juárez, sino en todo el país, decenas de migrantes son violentados a diario por la política impuesta de forma humillante a México por el gobierno de Estados Unidos.
Ante esta opresión sistemática, a nadie debe asombrar que haya sucedido un motín. Eso es algo que puede ocurrir cuando la dignidad de alguien es pisoteada como lo hace un Estado que pregona el humanismo mexicano como modelo de gobierno.
Los 38 migrantes de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Honduras, Ecuador y Colombia no murieron a causa de un accidente ni buscaban suicidarse: perdieron la vida tras ser cazados mientras trabajaban a la espera de llegar a su destino, ser tratados como criminales, encerrados ilegalmente, torturados psicológicamente con su expulsión del país y, después, en el extremo de la deshumanización oficial, dejados a su suerte mientras los consumía el fuego de su protesta.
Crimen de Estado es una forma puntual de llamar lo sucedido. Hay otras maneras más viscerales que han de omitirse en esta ocasión.
Tras una tragedia así se vuelve impostergable la revisión a fondo del Inami. Siendo un órgano administrativo, es aberrante que asuma labores policiales como el “Operativo de Limpieza de Migrantes” que llevó a cabo en las calles juarenses la mañana del incendio, supuestamente por exigencia de autoridades locales.
Un reflejo más del esperpento que representa esta instancia es la declaración hecha por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el sentido de que, aunque orgánicamente depende de su secretaría, en realidad el organismo opera de facto bajo el tutelaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Desaparecer una instancia irregular y criminal como el Inami es imperante tras la atrocidad ocurrida. Sin embargo, la solución de fondo a esta crisis humanitaria es la legalización y regulación de la inmigración. De otra forma, el horror prevalecerá.
*Escritor y periodista.
@DiegoEOsorono
