Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 25 de diciembre de 2023.- Un centenar de organizaciones campesinas y comisariados de bienes comunales, así como ejidales, del estado de Oaxaca, se pronunció contra la presunta privatización de las tierras, por parte del gobierno estatal, para recaudar impuestos.
En un comunicado, los firmantes expresaron su preocupación “frente a la política económica neoliberal del gobierno que encabeza el zapoteca Salomón Jara Cruz, mediante el decreto que aprueba la Ley de Ingreso del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024”.
Indicaron que dicha medida, aprobada por la 65 Legislatura del Congreso del Estado, vulnera la seguridad jurídica de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos, y el derecho inalienable consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraron que una ley secundaria no puede afectar los derechos constitucionales y convencionales de las comunidades agrarias y ejidos, entendiendo que en el estado de Oaxaca existen 16 pueblos indígenas, cuya organización política, social, económica y cultural data de muchos siglos que, en la época de la invasión europea, trastocó gravemente las formas de vida y convivencia con la madre tierra.
La publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2024, contempla en su inciso B):
“B) Fortalecer los ingresos derivados de la Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal.
* Se propone a esa Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.
Y en su artículo 25 plantea otorgar estímulos fiscales a los beneficiarios del programa de certeza jurídica de la seguridad y bienestar del patrimonio, incorporando a la propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación de derechos agrario bajo la modalidad de dominio pleno y que, no han regularizado la inscripción en la base catastral y ante el Instituto de la Función Registral.
La parte del decreto que cuestionan es, “una clara muestra de la visión neoliberal, fundada en la política impuesta por Carlos Salinas de Gortari mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos, en el estado de Oaxaca”.
Los firmantes del comunicado expusieron que la pretensión del gobierno de “la primavera oaxaqueña”, de incrementar la base recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales, “demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales, aun cuando se identifica como un gobierno de ‘territorios y no de escritorios’, siendo el gobernador de origen zapoteco de la Sierra Juárez, no garantiza que conozca la vida social, económica, política y cultural de los pueblos y comunidades indígenas y agraria, así como los ejidos.
Apelaron al origen indígena del Gobernador del Estado de Oaxaca y lo invitaron a rectificar su forma de gobernar a una entidad con población eminentemente indígena y en el marco de una política de gozona, ordene la derogación del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, así como de su programada que denomina: Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio.
“La razón es muy simple: las comunidades agrarias y los ejidos contamos con la certeza jurídica que nos otorga nuestras carpetas básicas, debidamente inscritas en el Registro Agrario Nacional.
“El programa que pretende implementar, no beneficia en lo absoluto a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios, y con ello garantizarles sus jugosos negocios, como sucede con los megaproyectos impuestos en la región del istmo y las concesiones mineras”, detallaron.
Ante este panorama, plantearon:
Que se evite este crimen en contra de la propiedad social, imponiendo la decisión neoliberal, asesinando a la civilización milenaria de los pueblos y comunidades indígenas agrarias y ejidos, frente a una crisis recaudatoria capitalista.
A la brevedad, el Gobierno del Estado debe enviar al Congreso del Estado el decreto que derogue el artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, así como su programa que denomina: “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”. No basta con conferencias y declaraciones mediáticas.
Llaman a los pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos, organizaciones de la sociedad civil, y al pueblo en general del estado y del país a movilizarse hasta la derogación de la política recaudatoria neoliberal que atenta contra la propiedad social.
Así como a promover medios de defensa legal ante los tribunales competentes, combatiendo la Ley de Ingresos 2024, en la parte que afecta la forma de organización social y propiedad colectiva.
Entre los firmantes del documento están Ejido Santa Catarina Quiané, Ejido Reyes Mantecón, Ejido Trinidad Zaachila Ejido La Guadalupe Trinidad Zaachila; Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Matamoros, Mixe; Comisariado de Bienes Comunales Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chachoapam.
Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Alotepec Mixe, Centro de Estudios de la Región Cuicateca CEREC, Frente no a la Minería por un Futuro de Todas y Todos (integrada por 14 comunidades y ejidos Zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Consejo Civil Mexicano Para La Silvicultura Sostenible Oaxaca.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” A.C.; Luna del Sur, A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, S.C., Aser-Litigio &Abogados; Tequio Jurídico, A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C., Centro Regional De Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C.,
Taller de Lectoescritura Zapoteca “Uken Ke Uken“, Mujeres Siemprevivas, DDSER Oaxaca, Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización, Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca AMIO, Red de Mujeres Mixes (REDMMI); Centro de Atención Integral de Mujeres Ayuuk A.C. (CAIMA), Servicios del Pueblo Mixe A.C.
Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de Oaxaca; Iniciativa para el desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO); Centro Profesional Indígena de Asesoría Jurídica, Defensa y Traducción, A.C. (Cepiadet), Colectivo de Mujeres de Ayutla.
Defensoras por la Justicia; Agencia de Desarrollo Local La Chinantla, A.C., Red de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes; Yunhiz Espacio Alternativo, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A.C., Centro Universitario Comunal de Ixhuatán; Preparatoria Comunitaria “José Martí” de Ixhuatán; Centro Ecológico Milpa Urbana, Organización de Agricultores Biológicos, A.C., Centro Universitario Comunal Matías Romero.
Además, como suscriptores solidarios: Eliot Escobar #Elsurresiste, Felipe I. Echenique March, Profesor Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH; Judith Bautista Pérez, Profra. Eva López Chávez, Porfirio Martínez Díaz, Gema Silvia Pacheco Vásquez (San Matías Chilazoa), Francisco Román Ramos González (comunidad El Porvenir), Dolores Francisca Cruz García (comunidad San Pedro Mártir), Sandra Escobar Colmenares, Hilario Constantino Santiago Santiago, Francisca Santiago (El Porvenir), Mauricio del Villar Zamacona, Pbro. Martín Octavio García Ortiz, Mercedes García Lara, Juan Carlos Julián Morales, Edith Morales, Alexandre Beaupré.
Fotografía: Gobierno de Oaxaca.
