Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 7 de marzo de 2024.- Cuatro de cada 10 ataques contra periodistas y otro personal de medios de comunicación en México, habían sido obra probablemente de funcionarios públicos, revelaron datos de Amnistía Internacional.
En su informe titulado «Nadie garantiza mi seguridad»: La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas, la organización reveló que, desde octubre del 2012 a noviembre del 2023, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México registró un total 834 ataques.
De este total, el Mecanismo concluyó que 356 (43%) habían sido obra probablemente de funcionarios públicos y 276 (33%) de actores no estatales, incluidos, entre otros, grupos de delincuencia organizada.
Mientras que, el informe detalló que el Mecanismo no pudo identificar a los probables culpables de los restantes 202 (24%) incidentes.
“A pesar del elevado número de ataques contra la prensa, desde 2012 hasta diciembre de 2023, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) logró que se dictaran únicamente 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, incluidas amenazas, robos, tortura y homicidios, con condenas de entre 2 días y 50 años de prisión”, reveló el informe.
De ese total, la organización indicó que la Feadle sólo logró ocho condenas por asesinatos de periodistas en dicho periodo.
“La impunidad es un factor clave en la violencia contra periodistas en México, pues la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo. En las contadas ocasiones en que las autoridades logran que se dicten sentencias condenatorias, suele ser contra quienes llevaron a cabo los ataques, pero no contra quienes los ordenaron”, se puede leer en el informe.
Homicidios
Respecto al total de los asesinatos de comunicadores en nuestro país, el informe indicó que las cifras varían notablemente incluso entre las autoridades federales.
VAN 86 ASESINATOS
Por una parte, la Feadle registró 86 asesinatos de periodistas desde 2012 hasta diciembre de 2023. De estos casos, consideró que 30 de los asesinatos guardaban relación con el ejercicio de la profesión periodística.
Mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) registró 166 asesinatos de periodistas, sin especificar cuántos de ellos estaban vinculados al trabajo de las víctimas, desde 2012 hasta octubre de 2022.
Finalmente, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) ha registrado 88 asesinatos de periodistas y otro personal de medios de comunicación en nuestro país desde 2012 y ha verificado que el asesinato de 37 de esas personas guardaba relación con su trabajo.
“Las diferencias entre estos conjuntos de cifras pueden deberse en parte a que la Feadle no incluye las cifras de las fiscalías estatales. No obstante, revelan una falta de claridad y coordinación entre las instituciones federales y locales que podría menoscabar los esfuerzos para diseñar e implementar medidas de protección efectiva”, consideró la organización en su análisis.
MECANISMO FALLIDO
En esta investigación conjunta de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas, se informó que, desde octubre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2023, el Mecanismo de Protección recibió un total 943 solicitudes de protección de periodistas y otro personal de los medios de comunicación.
Sin embargo, no todas han sido aceptadas, pues el Mecanismo, bajo la supervisión de la Segob, aprobó 762 de estas solicitudes y rechazó 181.
De acuerdo con el análisis de las organizaciones, el número de rechazos ha aumentado notablemente en los últimos años, pues en el 2020 se registró uno, para el 2021 se documentaron 14.
En el 2022, la cifra se disparó hasta 49 casos y para los primeros 11 meses del 2023, las organizaciones documentaron un total de 49.
CASOS RELEVANTES
Ante las cifras ya mencionadas, ambas instituciones ejemplificaron con tres casos las graves deficiencias en la gestión de las situaciones de alto riesgo por parte del Mecanismo.
El primero es el de Rubén Pat Cauich, periodista que murió por disparos en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, el 24 de julio de 2018, apenas dos meses después de inscribirse en el Mecanismo.
Otro de los casos es el de Gustavo Sánchez, periodista que solicitó su inscripción en el Mecanismo más de 13 meses antes de morir por disparos cerca de su domicilio en Morro de Mazatán, estado de Oaxaca, el 17 de junio de 2021.
Sin embargo, el Mecanismo se demoró más de ocho meses en aprobar su solicitud.
Finalmente, el Mecanismo de protección decidió, en agosto del 2023, que Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala, ya no estaba en peligro, pese a que ha sido golpeado, amenazado, detenido por agentes de policía e intimidado por presuntos miembros de un cártel de la droga.
(Información de “El Economista”)
