Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de enero de 2020.- Tras el amparo federal otorgado al ex diputado local por el PVEM-PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, ante cualquier orden de aprehensión, la familia de María Elena, la joven agredida con ácido, reprochó la medida del Poder Judicial de la Federación.
“De acuerdo con la información difundida en medios de comunicación, el juez federal Cuarto de Distrito admitió el juicio y concedió la suspensión provisional de cualquier acto de captura, a cambio pagó una garantía de 3 mil 500 pesos, hecho que me parece aberrante ante la gravedad del acto cometido por Vera Carrizal, los cuales en el fondo tenían la intención de arrebatarle la vida a mi María Elena”.
Así se pronunció Silvia Ríos Ortiz, hermana de la víctima, a través de un escrito dirigido al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, e instancias del Poder Judicial federal y organismos de derechos humanos.
“Solicito y exijo a las instancias involucradas en actuar con rectitud, sin dar paso a actos que se puedan malinterpretar y que sólo pueda machar la procuración y administración de justicia.
“Pido que la brutalidad, la saña e impunidad no sean el mensaje oficial otorgando a Vera Carrizal un amparo para librar el castigo que merece ante tan cruel manera de violentar la vida de una mujer.
“Pues advierto que si este caso queda en impunidad, si el responsable intelectual no es sancionado, quedará la puerta abierta para que otras personas, quienes ostentan poder y dinero, hagan de este cobarde acto una herramienta de actuación”, escribió.
“Hago mención al igual que anteriores veces que como familia tenemos miedo ante la venganza de Vera Carrizal, por lo que por este medio lo hago responsable de todo lo que en su momento nos llegue a pasar”, cierra el escrito firmado por Silvia Ríos Ortiz.
Cabe precisar que de acuerdo con información difundida por el diario local “EL Imparcial”, el amparo fue tramitado el pasado 27 de diciembre de 2019.
“Se concede la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado”, refiere el expediente 1196/ 2019 del Consejo de la Judicatura Federal; fue aprobado el 31 de diciembre pasado y se publicó este 2 de enero. Como garantía, el juez federal requirió a Vera Carrizal un pago de 3 mil 500 pesos.
