Isidoro Yescas*
No tendrá los alcances jurídicos, solidez político-social ni la legitimidad que, en su momento, la tuvieron las constituciones políticas de 1825 y 1922, pero, con frentes abiertos por todos lados y urgido de blindarse en el corto y mediano plazo, el gobierno primaveral ya está “enrutado” en un proyecto de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se tratará de “una carta magna actualizada, renovada y acorde a los tiempos actuales y futuros (sic)”, según reza el texto del boletín del Gobierno del Estado del 10 de enero de este año, cuando se hizo oficial el anuncio de esta iniciativa por parte del jefe del poder ejecutivo.
Y para darle un barniz ciudadano de una decisión ya tomada, y muy probablemente con el anteproyecto ya en el escritorio, el gobierno ha impulsado la formación de una comisión “ad hoc” que se está encargando de realizar algunos foros públicos regionales para que, en un plazo menor a tres meses, el gobernador Salomón Jara presente formalmente su iniciativa de una gran reforma constitucional “con enfoque intercultural”, mismo que, sin quitarle una coma, estaría aprobando la LXVI Legislatura local.
Sobre sus intenciones y alcances existen mas dudas que certezas pues aunque Oaxaca ya requiere de un nuevo corpus constitucional que responda a los grandes cambios sociopolíticos que se han registrado en la entidad de 1922 a la fecha, lo que se advierte en el proyecto primaveral pareciera que va más en el sentido de impulsar cambios y enmiendas gatopardianas, es decir de cambiar para que todo siga igual…o peor.
En un escenario catastrófico no se descartaría que, frente a las disputas político-mediáticas que el poder ejecutivo viene librando con diversos actores nacionales y regionales de la 4T y con un sector de organizaciones sociales, lo que se pretenda es otorgarle mayores facultades discrecionales al jefe del Poder Ejecutivo, restarle mayor fuerza a los mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana y debilitar los contrapesos institucionales.
Bajo este último escenario lo que ya está escrito en materia de participación ciudadana (revocación de mandato, plebiscito y referéndum) podría permanecer sin cambios visto su inaplicabilidad y a lo más podrían introducirse algunas pequeñas enmiendas que, a final de cuentas, servirían de poco en tanto lo que se requiere es una revisión a fondo en todo el articulado de la Ley de Participación Ciudadana.
Eso mismo estaría ocurriendo con los mecanismos de rendición de cuentas y, de manera especial, en lo que hace al combate a la corrupción.
Con una oposición partidista casi inexistente y que a nivel del Congreso local se ha mostrado bastante dócil al jefe del Poder Ejecutivo, ni siquiera cabría imaginar que algún diputado o diputada del PAN o PRI se atreva a presentar una iniciativa para combatir el nepotismo administrativo que ya se ha convertido en un signo distintivo del gobierno primaveral.
Solo como anécdota, habrá que citar que hace algunos años, y para ser más exactos, en noviembre del 2018, el entonces diputado federal de Morena, Irineo Molina Espinoza, presentó ante el Congreso federal una iniciativa de ley para combatir el nepotismo administrativo mediante la adición de un párrafo al artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Hoy, cuando crecen las tensiones y choques político-mediáticos entre las élites políticas de la 4T, destacadamente entre el gobierno de Salomón Jara con el clan de los Murat y el PT, y se hace más visible la mano dura del Poder Ejecutivo hacia todo tipo de disidencias, la sola idea de una Constitución corregida y aumentada es preocupante porque, en el fondo, no estaría respondiendo a los reclamos ciudadanos de justicia, democracia y paz social sino a un proyecto de reinstauración autoritaria del poder.
*Maestro en Sociología.
X: @YescasIsidoro
